Derecho Absurdo

La desolación de los nadies. Por Mario Juliano y Fernando Ávila

2011-09-12T17:48:00.001-03:00

Una triste noticia nos golpeó en los últimos días, cuatro menores que se encontraban privados de la libertad fallecieron calcinados luego de que se iniciara un incendio en la Alcaidía provincial. Las víctimas son Nelson Fernández, Franco Nieva, Nelson Molas y Franco Sosa, de entre 15 y 17 años de edad. Se encontraban “demorados” desde hacía varios días por ser considerados posibles autores de los delitos de robo simple en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa.

No es sencillo traducir en palabras la indignación que nos invade frente a cuatro víctimas evitables de la inagotable prepotencia estatal.

La triple condición de humildes, menores e imputados conspira contra la indignación del ciudadano promedio. No habrá masivas marchas reclamando seguridad, no se juntarán firmas —y quien lo haga no acumulará demasiadas— para obtener una reforma legislativa, nadie más que sus familiares y amigos sentirán el desgarro de esas ausencias. En pocos días el mundo seguirá su frenético ritmo y la Alcaidía reabrirá sus siniestras puertas y los menores rebeldes volverán a ser puestos “a disposición de la justicia” por lapsos inexplicables.

Sin embargo, mientras el Estado pretenda ocultar la exclusión de los menores con castigo y represión y existan funcionarios que por inaceptable apatía contribuyan a preservar el estado de cosas, desconociendo que son empleados de la sociedad con obligaciones irrenunciables, esencialmente hacia los olvidados y los avasallados, o disponiendo con aséptico desinterés de la libertad de las personas como si se tratase de una suerte de ortopedia moral, entonces debemos esperar muchas Alcaidías más.

De los grupos excluidos o postergados el de los niños, niñas y adolescentes es el que se encuentra en peor situación por su menor visibilidad y por la dificultad que tienen como colectivo para agruparse, expresarse, reclamar y rebelarse. Es por ello que requieren de la sociedad una atención especial, mayor protección y un marco normativo y de aplicación de la ley que considere tanto su fragilidad como su condición de personas en proceso de definición. ¿Cómo podemos proteger o ayudar a un menor mediante el encierro bajo la custodia de personal policial?

A nivel normativo existe un marco de protección mediante la Convención sobre los Derechos del Niño (de rango constitucional en nuestro país) que dispone que la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes debe ser utilizada en última instancia, cuando no existan otras posibilidades menos gravosas para el menor. En idéntico sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe “Justicia juvenil y derechos humanos” de julio de este año, exhorta a los Estados a abolir las penas privativas de libertad para los menores. Sin embargo la práctica cotidiana nos ofrece un espectáculo hostil, ya que ni las fuerzas de seguridad ni los funcionarios judiciales respetan los mandatos legales y convencionales.

Los menores víctimas estaban encerrados hacía varios días “a disposición” de la Justicia de Menores (sutil ironía) por delitos que no ameritan la privación de libertad. El panorama es sumamente desalentador: el Estado priva a personas menores de su libertad, los delitos por los cuales se los investiga no revisten gravedad alguna, los menores son detenidos a disposición de los jueces por varios días sin razón suficiente y el lugar de encierro no es adecuado para esa función. Esta suma de factores absurdos nos entrega la evitable muerte de cuatro pibes.

Aquellos que piensan que la seguridad se construye mediante un accionar represivo por parte del Estado y que en consecuencia exigen castigos más fuertes y encierros prolongados quizá comprendan a partir de este nefasto desenlace que el remedio tiene severas reacciones adversas, unas más notorias que otras, pero todas por igual lamentables y evitables. Se exige al Estado de modo cotidiano que nos garantice la seguridad, pero ¿quién nos protege del Estado mientras intenta brindarnos seguridad?

¿Es que son necesarias cuatro muertes para que las personas que representan al Estado comprendan la gravedad de las decisiones que toman? El juez o fiscal que olvide que detrás de cada expediente existe una persona con un bagaje existencial y que cada privación de libertad que ordena no es el frío cumplimiento de la ley ni la heroica acción de impartir justicia, sino la nefasta generación razonada de dolor debe, por el bien de la comunidad, renunciar a su cargo y así colaborar con la formación de una sociedad más justa e inclusiva.

Y la prudencia??

2010-12-01T20:50:00.008-03:00

Los abogados nos encontramos habitualmente frente a una tajante afirmación que bloquea y posterga planteos independientemente de su razonabilidad o urgencia: “ocurra por la vía que corresponde”.

Esto en buen criollo significa que una sociedad que pretende vivir en democracia debe establecer reglas claras para tramitar las controversias judiciales. Luego, frente a cualquier disconformidad con una resolución de un funcionario, debemos acudir a los “caminos” que se han dispuesto para encausar tales reproches.

Días atras el Fiscal de Instrucción de esta ciudad, Dr. Roberto Mazzucco, ordenó la detención de un ciudadano por considerar que debía ser investigado por la comisión de un delito.

Según dan cuenta los medios, esta determinación del funcionario del Ministerio Público Fiscal derivó en una desconcertante reacción de un Juez de la Corte de Justicia local, quien habría entendido que la decisión del Fiscal era desmesurada.

Si bien el relato pormenorizado del suceso corresponde a las crónicas periodísticas, a grandes trazos diremos que el Juez de la Corte se habría presentado abruptamente en el despacho del Fiscal en estado de alteración y bravuconada mediante le habría recriminado severamente y con insultos porque la detención ordenada se dirigía contra un sujeto que él conocía.

Lamentablemente, el Ministro de la Corte local no "ocurrió por la vía que correspondía", claramente equivocó la manera de afrontar la situación, aún cuando en realidad una consideración estrictamente ética exige que una persona que detenta el cargo de Juez del Tribunal Superior del Poder Judicial provincial no intervenga de ninguna manera como parte en un proceso en el cual no se ve involucrado.

Ahora bien, la situación narrada no sería de una gravedad inusitada si el contexto fuese quizá uno de los patéticos programas de televisión a los que nos hemos acostumbrado donde los participantes se dedican a exponer ante las cámaras como un chiste y con reiterada violencia sus egos y sus miserias.

Lamentablemente el suceso se produjo en un ámbito donde los valores que deben primar son justamente la mesura, la prudencia, el respeto al prójimo y a la igualdad, a las leyes, a las formas procesales, a la división de funciones y en definitiva a la independencia funcional de sus integrantes. Este contexto es el poder judicial.

De ser cierto, esta bochornosa imprudencia cometida por un alto miembro del Poder Judicial nos obliga a efectuar algunas reflexiones que hubiésemos preferido no tener que redactar.

Si la conducta desplegada hubiese sido "regular" o dentro del ámbito de la legalidad, podríamos dedicar un espacio a tecnicismos como la explicación de la importancia del sistema acusatorio en el proceso penal pero en realidad lo supuestamente acontecido resulta más una obra tosca de la ilegalidad, el magistrado podría estar inmerso en un delito de abuso de autoridad o tráfico de influencias. Situación que, por la salud de la República, debería ser investigada.

La actitud del magistrado es una grosera muestra de desprecio por la independencia funcional de aquellas personas que han sido designadas en procesos democráticos de selección para cumplir la tarea de investigar la comisión de delitos.

Independientemente de la triste imagen que nos ofrece, la torpeza con la que ha obrado el Juez es una clara manifestación de la fragilidad de nuestro sistema democrático. La sola idea de que uno de los máximos representantes del poder judicial pretenda imponer por la fuerza su propia concepción de los hechos a un miembro que no depende jerárquicamente de él debería, cuando menos, alarmarnos.

Hay tareas que requieren una conciencia reflexiva y profunda de los hombres. La alta misión que debe cumplir un Juez exige ciertos valores y capacidades. Sin duda alguna que esperamos una cuota elevada de sabiduría en un magistrado, pero también debemos exigir prudencia y muchas veces ésta es más preciosa que la sabiduría.

La prudencia es la virtud de la deliberación y de la elección; ella nos ayuda en los grandes dilemas; nos permite elegir muchas veces entre “lo mejor” y “lo necesario”. El hombre debe conocer la “moderación”; con ella los griegos nos invitan en toda ocasión a evitar el exceso, la desmesura, a ser conscientes de nuestros propios límites.

Debemos rechazar con vehemencia la intolerancia y los excesos cometidos por parte de quienes deben administrar justicia. Sucede que el intolerante pretende erigir en leyes sus prejuicios; persigue el error con sus manías. Jamás busca una verdad honestamente, sino que utiliza la que le viene bien en la ocasión para convertirla en instrumento de combate.

Cuando quien debe decidir sobre nuestros destinos transpira intolerancia, debemos preocuparnos, ya que habitualmente el intolerante se siente dueño de la verdad con un apego exclusivo a una idea estrecha, con prejuicios defendidos con una rabia constante.

Sin embargo no todas las lecturas posibles del triste suceso son negativas. En efecto, la actitud del Sr. Fiscal de Instrucción frente al supuesto atropello de un Juez supremo provincial es un gesto para aplaudir con entusiasmo. Sin duda preferiríamos que no se hubiesen dado las circunstancias para que el funcionario demuestre su respeto y su intención de mantener la plena vigencia de la institucionalidad, de la independencia de criterios y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pero la realidad nos lleva por caminos inesperados y generalmente alejados de lo que consideramos adecuado.

Abrazamos la esperanza de que la desobediencia del Fiscal frente a la pasional reacción del Juez sea una constante en nuestros funcionarios cuando se trate de priorizar la aplicación democrática del derecho. Es en definitiva la resistencia al abuso de autoridad la única posibilidad que puede asegurarnos la vida en libertad.

La reforma procesal penal en Catamarca

2010-07-08T16:16:00.007-03:00

En nuestra provincia se ha puesto en marcha un proceso de reforma al Código de Procedimientos Penales. La intención manifiesta es adaptar el texto vigente a las necesidades actuales mediante un acercamiento de la Justicia a la sociedad con medidas destinadas a acelerar los procesos judiciales, incorporar mecanismos de mediación y afianzar la participación de la víctima -naturalmente relegada- en el sistema.
El fin declarado por los impulsores de la reforma es noble, pero debe ser interpretado con cautela para aprovechar adecuadamente el impulso reformista y para evitar que se filtren tendencias autoritarias expansivas de la represión estatal.
Es que el sistema penal de una sociedad no soluciona conflictos, simplemente los administra, los estandariza, los absorbe, los suspende y los transforma. El Estado toma un delito y lo convierte en un castigo, se limita a reciclar dolor, el dolor de la víctima causado por el delincuente se transforma en dolor del delincuente causado por el Estado.
Una reforma judicial no puede abstraerse o concebirse sin considerar los datos de la realidad, los mandatos internacionales, nuestra constitución nacional y en última instancia y primordialmente el ideal de sociedad democrática, liberal y respetuosa de la dignidad humana en el que pretendemos convivir.
Ello se debe a que el sistema penal es una herramienta de control social, quizá la más grotesca y nociva de todas. En líneas generales se estructura sobre la base de dos niveles. El primero de ellos, -notablemente abstracto- es un catálogo de conductas que se consideran delitos y sus penas, esto es lo que llamamos el Código Penal de la Nación y es dictado por el Congreso de la Nación. Luego, en un segundo nivel aparece el sistema procesal penal, compuesto por los códigos procesales penales de cada provincia y redactados por sus respectivos poderes legislativos. En este nivel es donde se produce el choque o confluencia entre aquel catálogo inmaterial y la realidad cotidiana, el delito en sí.
Estos códigos de procedimientos penales vienen de cierta forma a ser el camino que debemos atravesar para pasar del terreno de las ideas a la realidad. Cuando nos encontramos frente a una acción realizada por una persona la confrontamos con el catálogo de delitos y así determinamos si esa persona concreta de carne y hueso es responsable por el aquel hecho y debe ser castigada en consecuencia. Los códigos procesales son en definitiva el campo de batalla, el teatro de operaciones donde se desarrolla el momento más dramático de la vida en sociedad: el delito.
La importancia del derecho procesal penal se ve reflejada quizá de manera más sensata en la sabia apreciación de un viejo penalista alemán cuando dijo que el derecho penal (Código Penal) no le toca un sólo pelo al delincuente, es en realidad el derecho procesal penal (Código Procesal Penal) el que aporta la cuota de realidad, es el proceso penal como puente entre las prohibiciones genéricas y lo particularmente reprochado en definitiva el que abraza al ciudadano y lo somete.
Ahora bien, es sumamente positivo repensar de manera periódica nuestro sistema procesal y no que cada varias décadas nos veamos obligados a la engorrosa tarea de cambiar todo un sistema que ya se encuentra añejo.
Dada la importancia del proceso penal para la sociedad, es que debemos prestar particular atención a las motivaciones no declaradas de cualquier cambio. Es imperativo que una modificación legislativa respete el norte y límite al que nos referimos inicialmente: evolucionar hacia una justicia más respetuosa del ser humano y no cambiar para facilitar el retroceso de las libertades y las garantías o el avance disimulado del autoritarismo mediante un embuste de etiquetas que sólo persigue la aplicación de parches fruto de conveniencias políticas, apuros coyunturales o miserable demagogia.
Cuando se reforma un sistema judicial o una parte de él se construye institucionalidad. Esto significa entre otras cosas afianzar el valor de la ley, la división de poderes, y principalmente consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos mediante una efectiva tutela judicial.
Nuestros sistemas democráticos se enfrentan a un hecho inédito: el desafío de tener que gestionar sociedades altamente conflictivas.
Sin embargo, y esto es prioritario, debe tenerse en cuenta que una reforma procesal penal no puede tener como norte la reducción de los delitos porque este objetivo no se encuentra dentro de las posibilidades del sistema. Una reforma que se fije como meta el control del delito se encuentra destinada no sólo al fracaso sino también que conlleva un peligroso avance del poder punitivo sobre el ciudadano.
El sistema penal no soluciona conflictos, simplemente gestiona dramas. Es importante frente a este panorama que el estado construya un instrumento que facilite la desdramatización de la ya trágica realidad social que ingresa en su ámbito.
Cuando se piensa en acercar la Justicia a la sociedad no debe olvidarse que la sociedad no se encuentra tan sólo constituida por la víctima y los sectores beneficiados y con facilidad de acceso a la opinión pública. La sociedad a la que debe acercarse la Justicia es aquella compuesta también por el inocente perseguido por un delito que no cometió que necesita reforzar su sentimiento de seguridad frente al estado omnipotente, es aquella cuyas filas se encuentran engrosadas a diario por amplios sectores excluidos que son presa fácil de la selectividad del derecho penal, por los humildes y los olvidados que no tienen voz ni acceso a los medios, por aquellos que no delinquen por placer sino por necesidad.
En decir que resulta esencial sacudir la anquilosada y reiterada idea de que una reforma penal puede aparejar o pretender la disminución del delito. La conflictividad social que se traduce en ilícitos penales sólo puede limitarse mediante acciones positivas tendientes a reducir la desigualdad y la exclusión social.
La víctima del delito debe tener mayor participación en el proceso, pero también debemos procurar que la víctima del sistema penal, a quien comunmente llamamos imputado, cuente con mayores garantías y se respete con firmeza, entre otras cosas, su libertad durante el proceso penal como regla inquebrantable.
Para una sociedad es saludable el constante debate sobre el alcance apropiado del derecho penal, su aplicación y sus consecuencias. Tenemos entonces que preguntarnos no sólo qué acciones deben ser consideradas delitos, sino también cuándo y por qué es que deberíamos preferir castigar y causar dolor burocráticamente administrado en lugar de otras vías posibles para reaccionar o no hacerlo frente a estas faltas.
Bienvenida sea la posibilidad de reforma, nos complace la intención y la voluntad demostradas pero debemos exigir que la misma se desarrolle a la sombra de un coherente respeto al individuo. Es que la forma en la que estructuramos el proceso penal o la manera en la que perseguimos y castigamos a los seres humanos nos define como sociedad.

Contra la intolerancia

2010-06-23T17:43:00.010-03:00

Hace ya unos cuantos años se ha iniciado un vigoroso juzgamiento de militares y civiles que participaron en el llamado "Proceso de Reorganización Nacional" (notable eufemismo por cierto) por delitos de lesa humanidad.
En líneas generales se acusa mayormente a militares pero también a sacerdotes y civiles por una serie de escalofriantes delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios cometidos en aquellos años grises de la última dictadura militar del país.
Las causas en cuestión se activaron o iniciaron gracias a que la Corte de Justicia de la Nación, luego de largos años de letargo, dictó una serie de fallos donde declaraba la inconstitucionalidad de ciertas leyes de amnistía y la imprescriptibilidad de los delitos considerados de lesa humanidad.
Haciendo abstracción del uso demagógico de los derechos humanos por parte del gobierno nacional, aplaudimos la actividad judicial desplegada con la finalidad de investigar aquellos tristes hechos y sancionar a sus responsables adecuadamente.
La historia de la dictadura militar argentina -y por que no la de todo gobierno dictatorial- es la historia de los atropellos y la intolerancia. Solemos evocar aquella etapa desde su aspecto más crudo y dramático. Se recuerdan torturas, crímenes y otros actos asombrosamente bestiales, pero esta especificidad facilita que se disperse la atención respecto a la esencia misma y motor fundamental del llamado "mal absoluto" por el filósofo argentino Carlos S. Nino.
Es que detrás de esta macabra obra puesta en escena en la década del setenta subyace una trama de insoportable intolerancia edificada a partir de una visión maniquea de la realidad. Pensar de un modo distinto al estipulado como adecuado por quienes habían tomado por asalto el poder era motivo suficiente para ser señalado como enemigo de la patria y acreedor de la persecución sistemática y cruenta del aparato estatal.
Hoy miramos hacia atrás y recordamos con estupor y sobrecogimiento esta nefasta sangría intestina sin sentido y sin límite alguno.
Enfrentar o juzgar los excesos y las violaciones cometidas durante la dictadura por quienes abusaron de una posición de poder es una exigencia moral para nuestra sociedad. Pero, ¿Podemos acudir a sus mismos métodos para juzgarlos?
Se nos dirá que hoy los sometemos a proceso legal, que no usamos la tortura ni las ejecuciones. Responderemos que no nos referimos a la práctica vejatoria sino la mentalidad persecutoria e impiadosa.
Quien comete un delito debe enfrentar las consecuencias. Pues así debe ser, también, para estos otrora poderosos extremistas. Más, una sociedad democrática y respetuosa se construye sobre el valor y el mensaje de sus actos cotidianos. Castigar con metódico salvajismo al que consideramos salvaje no es precisamente un acto que nos dignifique.
No deberíamos ceder ante la tentación de destruir al enemigo. Ciertamente no existen más enemigos que los que nosotros mismos construimos y resulta llamativo y lamentable que siempre sea el otro el que debe ser corregido, las medidas destinadas a corregir o castigar siempre tienen por finalidad atrapar al otro desviado. Jamás quien postula la necesidad de castigar o reprimir pertenece al grupo cuestionado. Mientras sigamos fabricando y persiguiendo enemigos con tenacidad y sin piedad difícilmente logremos eludir este círculo vicioso de reproches y desquites en el que nuestro país tiene la triste costumbre de deambular.
Hoy se reclama prisión efectiva en cárceles comunes para estropeados personajes que no pueden mantenerse en pie, cuando la ley permite que cualquier imputado en esas condiciones sufra su privación de libertad en un ambiente propicio para su salud o su avanzada edad. También nos encontramos con actos como el de Hebe de Bonafini, quien inició una intensa campaña de persecución contra periodistas y magistrados señalados como "colaboracionistas" por prestar ayuda o no reaccionar ante los atropellos de la dictadura.
Estamos convencidos de que éste no es el camino. La intolerancia no se combate con más intolerancia.
Es indispensable recordar que la búsqueda de Justicia debe partir siempre desde un sereno respeto por la libertad y la dignidad del ser humano. Estas exigencias morales impiden que los juzgamientos actuales se lleven a cabo sin considerar las garantías de los imputados. Rechazamos la venganza y el atropello. Abrazamos el afán por la justicia y la paz, aplaudimos el sometimiento a proceso de viejos represores siempre que se concrete bajo aquellos postulados. Tanto para ellos como para el ladrón de gallinas, es que toda persona perseguida penalmente debe gozar de las mismas seguridades.
Quienes insisten en reducir estas garantías, con cualquier pretexto o vestidura, olvidan que justamente la persecución intolerante fue lo que caracterizó a aquellos que hoy juzgamos.
Cualquier forma de poder puede degenerar en abuso y generalmente así sucede. No se trata de suavizar o ignorar los brutales excesos del gobierno de facto, pero tampoco de dejarnos atrapar por un vehemente revanchismo. Se trata de ser mejores, de rechazar lo que condenamos, no mediante severos castigos o tratos humillantes a marchitos militares sino postulando la tolerancia y el respeto como verdaderos estandartes de una sociedad democrática que pretende vivir en paz y libertad.
No debemos admitir la intolerancia, resulta una cuestión decisiva combatirla con tenacidad tanto como evitar que, en nuestra lucha, nos seduzca silenciosamente.

Separados pero iguales a la criolla

2010-06-11T18:05:00.005-03:00

Asistimos a un febril debate respecto a dos cuestiones problemáticas: el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que una pareja homosexual adopte hijos.
Existe consenso generalizado sobre la posibilidad de que personas del mismo sexo accedan a un régimen similar al matrimonio bajo el rótulo de "unión civil" pero la cuestión se torna intrincada cuando se propone que el matrimonio deje de ser patrimonio exclusivo de heterosexuales.
Ahora bien, esta discusión nos ubica ante una disquisición de carácter conceptual. Decimos esto porque si bien la unión civil y el matrimonio tienen idénticas consecuencias jurídicas quienes se oponen a la equiparación pretenden preservar el rótulo "matrimonio" sólo para parejas heterosexuales. Se trata entonces simplemente de mantener una separación entre ambas construcciones.
Esta posición entroniza el concepto "matrimonio", lo viste de absoluto y lo presenta como una construcción social de origen natural a la que no pueden acceder los homosexuales por una incompatibilidad biológica. El matrimonio así concebido tiene una finalidad social de reproducción y sólo puede ser integrado por dos seres humanos heterosexuales, cualquier otra posibilidad es antinatural.
Cuando divinizamos los conceptos perdemos de vista que son meras construcciones, no nos preexisten como personas, simplemente los elaboramos y son esencialmente coyunturales.
La fuerza emocional de ciertos conceptos o principios tiende a conferirles poder absoluto sobre la conciencia. Por eso resulta una tarea esencial despojar de brillo a las grandes palabras. Debemos adquirir el hábito de mirar por debajo de esos vocablos.
Las certezas y los conceptos que se repiten como una letanía son decididamente nocivos ya que permiten que se degrade a los hombres haciendo de cada individuo un instrumento para la sociedad. Es así que las expresiones comunicativas inadaptadas se reprmien. “Tiene que haber orden” significa: si no respetas los signos de mi orden, te privo de los medios para mostrar tu orden.
Las personas se convierten en rehenes de una red de símbolos: si un signo nuevo irrumpe en el entorno anterior, perturba el orden; de ahí la reacción instintiva de cerrar los ojos y no mirar. Pero el progreso sólo se inicia desafiándolos.
Adorar una noción del matrimonio como institución destinada a la reproducción es una visión anticuada, utilitaria y de corte organicista. El matrimonio ha evolucionado históricamente admitiendo su consumación laica, el divorcio y eliminando las diferencias respecto a los hijos concebidos dentro o fuera del matrimonio. Es que ampliar sus límites y repensar su sentido en base a la dignidad humana no puede ser algo nefasto.
¿La naturaleza impone la idea de matrimonio como unión de hombre y mujer? Consideramos que lo verdaderamente natural en el ser humano es el amor y la libertad. La reproducción no constituye el sentido del matrimonio porque los estériles y los impotentes pueden casarse.
La familia no se constituye sobre vínculos de "sexualidad adecuada". El elemento aglutinante es el amor entre sus miembros y nada más. No comprendemos como el amor entre las personas puede ser sometido a los planes biológicos de Dios o de un grupo social mayoritario.
Los pretendidos guardianes de lo natural eluden con indiferencia la absurda imagen que nos presenta la contraposición entre la idealización de la familia que propugnan y su lastimosa realización en la vida cotidiana. Violencia y abuso sexual intrafamiliar, abandono de hijos, divorcios y separaciones que transpiran un odio virulento entre los padres y que indefectiblemente afectan a los menores son factores comunes en la "familia natural".
¿La ley impone la idea de matrimonio exclusivamente heterosexual? El derecho y la ley no deben ser elevados a la categoría de inmutables, porque los sistemas jurídicos deben amoldarse a la vida fluyente y no ésta ceñirse a la ley. La historia es un entramado dramático entre libertad y opresión. Los hombres deben respetar la soberanía de la ley, pero también ésta debe respetar su libertad y sus derechos.
¿La unión civil es suficiente para satisfacer el imperativo de igualdad y dignidad? Diferenciar la unión civil y el matrimonio por la orientación sexual de sus integrantes tiene un inconfundible aroma a embuste que aparenta igualdad, como aquella tristemente célebre política racista que sostenía "separados pero iguales". Somos iguales, uds., los diferentes son iguales a nosotros los normales, pero cada uno va a tener su espacio y su regulación legal, uds. por allá, nosotros por acá. Cuando diferenciamos debemos hacerlo para igualar y no para separar, diferenciar para equilibrar, para ayudar a quienes arrastran una historia de discriminación, a quienes hemos maltratado durante largos años.
¿Se destruye la familia? Lo mismo se decía cuando la sociedad debatía la ley del divorcio, sin embargo aquí estamos. La familia no se destruye, lo que se destruye es la anquilosada concepción de que sólo puede ser considerada familia aquella en la cual la pareja es heterosexual.
Cuando ingresamos a la cuestión relativa a la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales el debate adopta ribetes más dramáticos. Se sostiene que es algo decididamente antinatural y que afectará el desarrollo normal del menor.
Vale destacar que la legislación argentina permite actualmente que una persona soltera adopte un niño independientemente de su orientación sexual. Lo que no está permitido es que una pareja homosexual pueda adoptar un hijo.
Las familias se construyen no sobre la reproducción como instinto animal sino sobre el amor como emoción edificante. Sostener que un chico puede tener problemas por crecer con padres homosexuales debido a que no constituyen el ideal de familia nos llevaría al absurdo de considerar que la madre o el padre solteros o divorciados no pueden tener hijos. Las personas necesitan amor, no esquemas socialmente correctos.
Podemos asegurar que los menores huérfanos, olvidados por todos y privados de todo no sueñan con un papá y una mamá, no pasan sus horas encerrados en frías instituciones acariciando con perseverante ilusión la posibilidad de que una pareja heterosexual los rescate de su desoladora realidad. Los niños abandonados sólo esperan cariño y contención, aguardan con entusiasmo el mágico momento en el cual sus destinos se crucen con aquella persona que llegará para llenar sus carencias emocionales. Que más da, el cariño no se mide por la sexualidad de los que lo brindan sino por la intensidad con la que se lo entrega. Eso lo saben, mejor que nadie, aquellos que han deambulado con sus esperanzas largas noches a la espera de que la vida finalmente les tienda una mano.
Los niños pueden desarrollarse normalmente o no independientemente del esquema familiar en el que crezcan, esto está claro desde que la conformación actual de la familia no ha garantizado de ninguna manera la formación de personas sin conflictos.
Lógicamente las condenas hacia lo diverso surgen desde el seno de grupos que no anhelan el cambio porque el status quo los beneficia. Se rasgan las vestiduras aquellos que no sufren en carne propia la angustiosa resignación de ser simplemente diferentes.
El progreso no puede construirse aferrándonos a cómodas posiciones mediante intentos desesperados por perpetuar lo que resulta adecuado a nuestros intereses. Sólo cuestionando las propias certezas podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente libre y respetuosa de la diversidad.

Las garantías como obligación moral

2010-06-02T18:12:00.010-03:00

Frente a la creciente conflictividad social se ha transformado en un lugar común la crítica descarnada e improvisada al llamado "garantismo". Se califica peyorativamente a toda persona -especialmente a funcionarios- que frente una disyuntiva de carácter penal opta por aquella que implique el respeto por las garantías constitucionales de la persona afectada.

Así, cuando un detenido acusado por un delito queda en libertad por el motivo que fuere, se despierta un murmullo generalizado que tiende a cuestionar al juez que tomó la decisión. Estas miradas anatematizan al funcionario de forma precipitada pero concluyente, se desconocen y ciertamente no importan en absoluto las razones que justifican la medida, simplemente el réprobo magistrado es un "garantista".

Ahora bien, ¿Qué significa el garantismo? Básicamente, el Estado regula la vida social y en su afán por hacerlo y conservar el orden es que monopoliza la administración de Justicia. En esta relación existe una constante pulsión entre las partes, ya que el poder estatal tiende al exceso con relativa y asfixiante facilidad mientras que las personas pretenden evitar el atropello invasivo y una transposición de límites inadmisible. Es por ello que nuestros constituyentes, ya desde 1853 tomaron partido por un texto fundamental que establece una serie de barreras infranqueables que amparan a cualquier ciudadano frente al Estado y que son las llamadas garantías de las que hablamos.

Definido el término, no podemos eludir los diversos cuestionamientos negativos que se alzan en su contra desde perspectivas de "mano dura".

Se suele reprochar que las garantías protegen únicamente a los delincuentes, y esta afirmación no es más que la consecuencia del humor social frente a la inseguridad. Las garantías protegen, en realidad, a todo ciudadano sin abrir juicio sobre su culpabilidad. No protegen inocentes, ni culpables, ni víctimas ni victimarios, simplemente protegen ciudadanos, así, sin aditamentos coyunturales. Sólo quien ha sido señalado injustamente por un delito puede comprender el profundo valor de esta protección amplia y desprovista de toda selectividad basada en rótulos ocasionales.

No debe olvidarse que en estos casos, los escudos protectores que llamamos garantías son dispuestos para salvaguardar al individuo frente a la arbitrariedad estatal. De allí que resulte inadecuada y equívoca la habitual protesta sobre garantías que protegen al imputado pero olvidan a la víctima.

Es que, una vez cometido un delito ya nada puede ser como era. Generalmente el delito es dolor ocasionado por una persona a otra. No es algo racional. Simplemente sucede.

Pero a partir de la absurda irrupción de ese delito en el mundo aparecen dos actores: el imputado y la víctima. Todos interactuan en un medio administrado por el Estado que pretende solucionar el conflicto mediante la Justicia.

Mientras el delito se caracteriza por su irracionalidad, su consecuencia inmediata, es decir, la reacción estatal debe construirse de manera metódica y cimentada absolutamente por la racionalidad. Esta racionalidad se ve plasmada y manifestada mediante el respeto irrestricto a las garantías prediseñadas por la Constitución.

No deben confundirse los niveles de análisis, porque ello nos lleva a conclusiones desastrosas. No son las garantías que protegen al imputado las responsables de los delitos, sino antes bien, la esperanza que tiene todo ciudadano de no ser víctima del inexplicable laberinto procesal que atrapa a quien es imputado por un hecho ilegal.

Los delitos deben ser atacados no vengando su comisión sino bregando por reducir las causas de su producción. Contraponer el dolor de la víctima con el respeto de los derechos de un ciudadano acusado por un delito constituye una falacia brutal. Ciertamente son dos cuestiones que deben separarse para no caer en la adocenada y autoritaria idea de la represión como reparación y castigo como compensación.

El humor social sumado a la demagogia e incapacidad política para afrontar con seriedad la conflictividad social genera que las garantías en la práctica habitual disten de ser el bastión defensivo tras el cual puede resguardarse con apacible seguridad una persona, para convertirse en una serie de concesiones graciosas por las que debemos suplicar al Estado. El imputado de un delito no puede abrazar ninguna certeza ya que enfrentado a la opinión pública debe mendigar por el trato digno que le garantizaron los redactores de nuestra Constitución Nacional.

Entendemos que el origen del desprestigio del llamado "garantismo" se encuentra en la lamentable ineptitud estatal para controlar y resolver las causas del delito.

Los principales ataques contra el respeto de las garantías vienen desde el gobierno ya que es relativamente más simple trasladar culpas y señalar responsables antes que asumir que el delincuente es habitualmente el resultado de una política estatal absolutamente despreocupada por la desigualdad social.

Así, nuestros gobiernos optan por culpar a la policía, a los jueces y las "puertas giratorias", porque destinan tanto tiempo y recursos a interminables y denigrantes batallas por arrebatar o conservar el poder que no queda espacio para un debate serio y honesto para delinear estrategias a largo plazo que prevean el mejoramiento de la educación pública, el acceso a la salud, la vivienda y permita la movilidad social.

En definitiva, ante la reiteración de delitos, el clamor social y la abúlica ineptitud política no existe mejor alternativa que señalar como culpables a las "garantías" y a quienes las aplican y hacen respetar.

No puede exigírsele a las víctimas de un delito que comprendan la importancia del juego armónico de estas verdaderas trincheras de la razón y la libertad. Pero decididamente el Estado debe comprender que la vigencia de las garantías no es negociable y tampoco pueden ser utilizadas como válvulas de escape ante el fracaso que explota en las manos de los políticos.

Un funcionario que respeta las garantías aún contra los comentarios maliciosos y oportunistas del gobierno o las críticas enardecidas de la sociedad es en definitiva la clase de persona que necesitamos. Aquellos que no ceden ante presiones políticas ni sociales y que interpretan adecuadamente su rol como verdaderos realizadores de una justicia amplia y respetuosa son los que le dan sentido a nuestra Constitución a diario. Por el contrario, aquellos que se someten con docilidad a la voluntad popular y política o que asumen una postura que se asemeja más a la de aplicadores de una suerte de ortopedia moral son los que en definitiva permiten que el sistema mantenga un rumbo lamentable donde el castigo aplicado metódicamente constituye la herramienta predilecta para resolver conflictos (delitos) que tienen su origen en causas mucho más profundas a las aparentes y que son desatendidas debido a la sórdida complicidad entre un gobierno ineficiente y funcionarios comprometidos con la conservación del cargo o la popularidad más que con el respeto de las garantías.

Mientras los hombres sigan castigando a los hombres bajo el manto de la legalidad, mientras el derecho penal siga siendo una aplicación sistemática de dolor a una persona y mientras el Estado continúe eludiendo su responsabilidad frente a la desgarradora exclusión social, ser garantista no constituirá una opción sino una obligación moral.

La prisión como castigo

2010-05-19T17:50:00.006-03:00

Un legislador provincial propuso días atrás endurecer las condiciones para acceder a la libertad de los condenados. El Poder Ejecutivo transita de forma cotidiana por idénticos senderos. Son constantes los reclamos sociales por un endurecimiento en las penas. Algunos integrantes de asociaciones de víctimas de delitos incurren en desmedidos atropellos contra todo lo que represente un obstáculo para el escarmiento del victimario. El Gobierno Nacional utiliza un discurso demagógico con peligrosos ataques hacia todo funcionario que considera “garantista” por no “aprovechar las ventajas del encarcelamiento de las personas”.

El factor común en todos estos datos es la euforia penal que se manifiesta mediante un exacerbado reclamo por castigos más severos. Se presume con cierta inocencia (o imprudencia) que el derecho penal es una herramienta de solución de conflictos y dentro de este infantil esquema, la prisión juega un rol preponderante.

Se han elaborado diversas teorías para justificar la privación de la libertad como castigo. Pero en términos generales y legales, la cárcel está destinada a la resocialización del delincuente que se presume “descarriado”.

Sin embargo la institución contiene vicios estructurales que dinamitan sus cimientos y ocasionan el sórdido estallido que nos resistimos a aceptar. La prisión hoy es una construcción que atrapa silenciosamente al enemigo social entre sus muros, lo absorbe con mecánica indiferencia y lo arrastra hacia una inevitable deshumanización.

La realidad indica que hoy las cárceles como medio para infligir sufrimiento al reo son altamente eficaces mientras que como institutos de readaptación, reeducación o resocialización representan el más estrepitoso fracaso de la sociedad moderna.

Una alternativa posible sería eliminar los rastros de hipocresía del discurso legal y afirmar que condenamos a las personas para que sufran. Las condenamos para alejarlas de nuestras vidas. Las condenamos para sumirlas en el olvido.

Los delitos culposos, es decir aquellos donde el autor no actuó con intención criminal sino que son producto de una imprudencia o negligencia, acaparan de un tiempo a esta parte el centro de la escena judicial. El ejemplo más claro lo representan las muertes por accidentes de tránsito.

Antes de ingresar a la cuestión resulta necesario aclarar que el dolor de los familiares por la pérdida de un ser querido no puede ser racionalizado, no podemos cuestionar las manifestaciones producto de la desesperación y la desolación a la que los enfrenta esta desgarradora situación. Aceptamos toda manifestación producto del dolor.

El Estado le expropió la acción penaL al hombre para evitar la venganza personal motivada por las desenfrenadas pasiones que desencadena en la víctima todo delito. Pero esta apropiación estatal de ningún modo puede ser entendida como una burocratización del escarmiento. No debe entenderse el proceso penal como una cruzada contra el mal.

Sucede que la sanción penal a quien delinque no está destinada a ser una expiación por su inconducta. La idea de la mera retribución o equiparación de dolor (causar dolor al delincuente como respuesta al daño ocasionado en primera instancia) no es de ninguna manera el sentido de la pena. Sin dudas que no podemos válidamente medir el dolor de la víctima en unidades de tiempo para procurar una justa composición.

Ahora bien, el Estado cuenta con un catálogo amplio de opciones a la hora de imponer una sanción a una persona que cometió un delito (trabajo comunitario, inhabilitación para conducir o trabajar, reparación económica del daño, multas, etc.). La pena más severa de todas las posibles es sin dudas la privación efectiva de libertad: la cárcel.

Privar de su libertad a alguien que no infringió la ley de forma voluntaria resulta -en principio- inaceptable. Por supuesto que existen matices que abarcan el tipo de daño causado, la conducta precedente y posterior al hecho o los antecedentes penales del autor. Pero en líneas generales, debemos reservar la respuesta más severa de nuestro catálogo punitivo para aquellos delitos que hacen suponer cierta conducta intencionalmente peligrosa en la persona.

Quienes esperan como resultado del proceso penal una composición, un ajuste de cuentas con el victimario no comprenden que el Estado no es ni debe ser el ejecutor final de la venganza que ellos anhelan.

El poder punitivo no es más que un instrumento de control social, una herramienta que se ha visto desvirtuada y expandida fruto de la demagogia de nuestros políticos.

Ciertamente la vida en sociedad implica riesgos. Las relaciones cotidianos conllevan en si mismas la posibilidad de que seamos víctimas de un delito y esperamos que el Estado nos provea protección y seguridad para evitar estas situaciones.

Ahora bien, el sistema penal no debe ser interpretado como el ejecutor de nuestras venganzas sino antes el garante de nuestra seguridad. Pero no hablamos de la seguridad de no ser víctimas de un delito. Nos referimos a la seguridad de que el Estado no avanzará contra cualquier ciudadano al ejercer su rol sancionador.

Es así que un sociedad civilizada y democrática se juzga a si misma no ya por la cantidad de culpables que condena, sino por los casos en los que toma la difícil decisión de no castigar o de hacerlo con suma prudencia atendiendo al respeto irrestricto de los derechos fundamentales del individuo acusado.

El reclamo por mano dura se ha vuelto un deporte popular. Cuando quienes lo practican forman parte de los medios de comunicación o de los poderes estatales, no podemos más que lamentarnos por el uso irresponsable de un discurso patibulario que elude con displicente indiferencia la crudeza del lacerante encierro en nuestras cárceles. Es que resulta necesario acudir a alternativas menos estigmatizantes cuando hablamos de delitos culposos (sin intención) y procurar erradicar las brutales desigualdades sociales que condicionan al delincuente cuando nos referimos a delitos dolosos (intencionales).

No debemos encallar en un idealismo inocuo pero tampoco podemos consentir con apatía la sombría y dramática realidad carcelaria. Ciertamente no alegamos la abolición de la prisión, por el contrario, pretendemos un franco debate sobre la humanización de las sanciones y sobre las causas del evidente fracaso del sistema.

Albergamos la ilusión de que el encierro no se erija en una venganza metódicamente aplicada por el Estado a pedido de la sociedad enardecida sino que su aplicación se encuentre supeditada a un prudente y reflexivo análisis que no eluda la absurda realidad penitenciaria.

Prohibido prohibir

2010-04-21T00:31:00.005-03:00

Días pasados un juez de faltas cordobés decidió declarar inconstitucional la norma que pena la circulación en motocicletas sin el uso de casco protector. Básicamente sostuvo el funcionario que la persona que circula sin casco pone en riesgo su propia vida, pero de ninguna manera afecta a terceros por lo que el Estado no tiene legitimidad para castigar esa conducta.
Por supuesto que la reacción mediática no se hizo esperar y hasta el Ministro del Interior Randazzo opinó que la decisión era descabellada y que estaba "a favor de la muerte y en contra de la vida" (sic).
Los políticos suelen perder la compostura cuando la situación lo requiere (si es que resulta políticamente correcto) y más aún cuando alguien osa cuestionar o sustraerles poder.
Como sucede habitualmente, la elevada cantidad de muertes por accidentes de tránsito en el país desnuda la incapacidad estatal para enfrentar el problema. Se desarrolla así un proceso cíclico y habitual donde la sociedad frente a la escandalosa ausencia de soluciones a un flagelo reclama soluciones, luego el gobierno con presuntuosa ineptitud acude a la vieja y simplista represión de conductas. Es que se trata de la herramienta más simple y de mayor efecto comunicativo con la que cuenta, es fácil de implementar y los ciudadanos la reciben con beneplácito porque aparenta ser una reacción tenaz contra el problema.
La vida en sociedad implica un complejo entramado de relaciones que devienen conflictivas con extremada sencillez. Allí es donde aparece el Estado, quien mediante diversos instrumentos pretende conservar la paz y garantizar seguridad a los ciudadanos.
Uno de estos instrumentos es la prohibición de conductas. Las sociedades a lo largo de la historia han desplegado catálogos más o menos extensos de acciones reprobadas y castigadas destinadas justamente a generar o preservar el orden.
Estos catálogos se conforman con categorías de diversa intensidad aflictiva, entre las que encontramos al código penal, las sanciones administrativas y los códigos de faltas o contravenciones.
El conjunto conformado por todos ellos constituye el elemento más concreto de control social: la actividad punitiva estatal. Es que el Estado mediante esta amplia gama de reproches condiciona a los ciudadanos, quienes deben desenvolverse inevitablemente dentro de un espacio delimitado normativamente, donde cada prohibición se traduce en una línea que delimita y separa lo socialmente permitido de lo reprobado.
Se pretende así otorgar cierta previsibilidad en las relaciones y esto arroja un dejo de seguridad ante lo desconocido.
Ahora bien, el estado puede y debe reglar la vida social, pero existe un muro infranqueable, una fortaleza que es y debe ser inexpugnable: la libertad individual. Ciertamente -y ya lo reconoce nuestra Constitución Nacional- las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera afecten a terceros quedan exentas de cualquier tipo de injerencia estatal y no pueden ser castigadas bajo ningún ropaje legal.
Si bien esta máxima posibilita que ciertas acciones moralmente reprochables no sean sometidas a control por parte del estado, debe recordarse que con igual o mayor intensidad protege una vastísima cantidad de actos que de ser absorbidos por la nómina de prohibiciones tornarían a la libertad y la privacidad en meras ilusiones inasequibles. Decir que somos libres y no hacer nada para que efectivamente lo seamos es una verdadera farsa.
Así, mientras resulta correcto prohibir y castigar el robo o el homicidio, es absurdo e inaceptable pretender que el estado reaccione punitivamente frente a actos inocuos como el no uso de casco al circular en motocicletas.
El límite es justamente la afección a terceros. Mientras la conducta del ciudadano no afecte a otras personas, el Estado no puede pretender de ninguna manera controlar y juzgar esa porción de individualidad demarcada por la libertad.
Existe una zona gris, donde ciertos actos que son en principio inofensivos, pueden llegar a ser vistos como objetivamente perturbadores. Esto sucede con la polémica cuestión de los estupefacientes. Sin embargo entendemos que un análisis simple lleva a una solución que evita caer en un laberinto tejido con conjeturas superficiales y apresuradas. El límite sigue siendo la tajante distinción entre afección o no afección efectiva de terceros. Aquel que desee consumir estupefacientes placenteramente en la soledad de su hogar podrá hacerlo cobijado por el inconmovible manto de la libertad. Distinta será la suerte de esa persona si escoge ofrecer a terceros el producto.
Uno de los motivos por los cuales el Estado llega a prohibir conductas que no se traducen en afecciones a terceros es el llamado "paternalismo" estatal. Esto es, básicamente, que el Estado trata a sus ciudadanos como hijos menores de edad, los constriñe a aceptar pasivamente un modelo de vida (generalmente el preferido por la mayoría) o medidas de autoprotección. Estas imposiciones disfrazadas de bondadosa preocupación son un despotismo encubierto y detestable.
Los hombres deben respetar la soberanía de la Ley, pero también ésta debe respetar su Libertad y sus derechos. Con la Revolución Francesa ha quedado claro que si el Estado no respeta al individuo, éste tiene derecho a desconocer o a denunciar el contrato social que los une.
En definitiva, sólo resta preguntarse si circular sin casco en motocicleta afecta a terceros, y por supuesto que la respuesta no puede ser afirmativa. Podrá ser recomendable, importante o deseable pero jamás obligatorio bajo amenaza de sanción.
Debe recordarse que integramos una comunidad, pero que cada ciudadano posee derechos individuales independientes de toda autoridad social o política. Si esta autoridad viola esos derechos se vuelve ilegítima. Ni aún la voluntad del conjunto puede tornar justo lo que es esencialmente injusto.
El Estado debe proteger a sus ciudadanos mediante el consenso y no por medio de la prohibición, es que el discernimiento y la libertad de personas adultas sólo se respeta acabadamente si se logran consensos y se persuade sin coacción, cualquier imposición de un estilo de vida o de una medida de protección personal mediante amenaza de castigo no es más que un despreciable engaño que desconoce sutilmente la soberanía individual.
No nos agrada la idea de aceptar sumisamente la imposición de cánones externos de autoprotección, no aceptamos que un individuo deba arrodillarse ante un modelo de vida escogido por mayorías circunstanciales, abrazamos y defendemos la primacía de la libertad por sobre cualquier antojadiza intrusión estatal en nuestra intimidad.
Mariano Moreno sostuvo que es preferible una Libertad peligrosa antes que una servidumbre tranquila. Es que la libertad es un verdadero misterio, mágico y movilizador, constantemente amenazado por las mayorías y el Estado que avanzan con impasible prepotencia sobre el individuo bajo los atuendos del orden y la protección. No debemos permitir que la incapacidad de quienes gobiernan nos obligue a resignar libertad para obtener orden o salud.
Al igual que el cuestionado magistrado, estamos obligados a defender nuestra soberanía individual, a renegar con vehemencia de las imposiciones absurdas y así recorrer con razonada firmeza los senderos de la libertad.

Incorregibles

2010-01-13T17:29:00.006-03:00

Recién hemos caminado unos pocos días del nuevo año y el gobierno nacional haciendo gala de su habitual prepotencia encendió otro conflicto de imprevisibles pero seguramente nefastas consecuencias. A esta altura, incorregibles, quizá sea un adjetivo bondadoso para calificar a nuestros gobernantes.

Para que se entienda mejor, el 15 de diciembre de 2009 mediante decreto 2010/09 el Poder Ejecutivo Nacional crea el célebre "Fondo del Bicentenario" que es una cuenta de garantías de varios miles de millones de dólares; ese dinero se obtendría de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central y sería destinado a pagar vencimientos de deuda con organismos multilaterales y con tenedores privados. Por supuesto que el mismo decreto modifica la Carta Orgánica del BCRA para permitir que las reservas de libre disponibilidad sean afectadas al pago de deuda.

Hasta aquí el gobierno nacional no encontraba escollos, pero el Dr. Redrado, presidente del Banco Central, se negó a abrir la cuenta ordenada por el gobierno aduciendo que las reservas no debían tocarse y que el BCRA es un organismo autónomo que no puede recibir órdenes del Ejecutivo. Desde el Poder Ejecutivo solicitan la renuncia de Redrado, éste se niega y a partir de allí deciden removerlo con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que viene a decir básicamente que Redrado incumple con sus tareas ya que se niega a obedecer lo decidido en el Decreto que creara el Fondo del Bicentenario.

Luego aparece la ya famosa Jueza Sarmiento haciendo lugar a una medida cautelar y suspendiendo la aplicación de ambos Decretos de Necesidad y Urgencia restituyendo así a Redrado en la presidencia del Central y frenando la conformación del controvertido Fondo.

Pues bien, este es básicamente el resumen de los hechos. La idea de pagar la deuda externa con reservas no es un absoluto disparate y es una cuestión que requiere un análisis económico serio. Lo que consideramos preocupante y cuestionamos con dureza es la constante transgresión a la división de poderes que a esta altura se ha vuelto una mecánica habitual de trabajo del gobierno.

Existe una seria falencia en el Decreto de Necesidad y Urgencia que crea el Fondo del Bicentenario, y es que no justifica de ninguna manera la urgencia que ameritaría su dictado. Los vencimientos que pretenden pagar se producirán recién a mediados de este año por lo que sobra tiempo para que el Congreso decida -como corresponde- sobre la viabilidad o no de la decisión. Aún así el gobierno con poca prolijidad y mucha prepotencia echa mano al mecanismo de los Decretos de Necesidad y Urgencia para evitar al Congreso, en definitiva para eludir el correcto funcionamiento de la democracia. Pero no contentos con esta grosería institucional recurren con pretendida picardía a un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia para desplazar a Redrado.

Seguramente recuerdan como los Kirchner solían jactarse con petulancia de lo poco que recurrían a los Decretos de Necesidad y Urgencia para tomar decisiones. Claro que hoy visto en perspectiva resulta lógico que con un Congreso oficialista fuera sencillo canalizar todo de forma limpia. Actualmente con un Congreso poco adepto la cuestión se torna compleja y ya no queda más que quitarse el velo, ocultar viejos orgullos y demostrar que en realidad la democracia y el juego de poderes independientes no son más que banderas detrás de las cuales se esconden oscuros intereses.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia se encuentran contemplados en la Constitución Nacional y reglamentados por ley. Pero básicamente no dejan de ser lo que su mismo nombre indica, decretos que se asimilan a leyes y que pueden ser utlizados únicamente en casos de necesidad y urgencia. El Poder Ejecutivo manipula los criterios que emplea para dictar estos Decretos, incluso desoyendo los parámetros que ha fijado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con anterioridad.

La actuación de la Jueza Sarmiento vino a poner límite a esta manipulación fraudulenta de la urgencia. Su intervención es un soplo de aire fresco ya que para la República es valiosa la existencia de un Poder Judicial independiente; aunque también requiere que el Poder Ejecutivo actúe con coherencia institucional y que, por ende, respete y cumpla sus criterios y no los adecue de forma perversa para poder funcionar como una verdadera dictadura.

La situación generada por el gobierno ha puesto de manifiesto nuevamente el poco apego a la democracia republicana. Actúan con desparpajo como en un estado totalitario donde la voluntad de quien manda legitima todo mandato. Más allá de oportunismos políticos, el hecho de que un funcionario y todo el arco opositor levanten la voz en contra de tanto atropello es reconfortante. Creemos que a esta altura poco importa si son gritos sinceros en contra de medidas arbitrarias o si nos encontramos frente a artilugios para cimentar futuras candidaturas, lo cierto es que son gritos al fin y dificultan las burdas maniobras del autoritario de turno. Es necesario el cuestionamiento al poder ya que este juego institucional genera un sistema de filtros que al menos detiene en el camino las maquinaciones más descabelladas y así en definitiva se produce un beneficio colectivo indudable.

Cuando quienes son elegidos para dirigir el destino de una sociedad olvidan que gobernar implica una tarea que va mucho más allá del artero juego de la política rastrera, que requiere una prudente comprensión de los mecanismos de la república y un respeto sagrado por sus instituciones, entonces nos encontramos ante simples mercenarios que fagocitan al estado, bastardeando la democracía solo para obtener rédito económico. Contra esos personajes incorregibles no queda más que resistir.

El enriquecimiento de los Kirchner y la división de poderes de cotillón

2010-01-06T17:17:00.003-03:00

Mientras transitábamos los últimos días del año 2009 el Juez Federal Oyarbide decidió sobreseer al matrimonio presidencial en la causa en la que se los investigaba por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

El juez tomó esa decisión luego de recibir una pericia del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se establecía que los Kirchner no habían cometido ningún delito en la justificación del sideral incremento de su patrimonio, que aumentó un 158% en el último año.

La causa se había iniciado a raíz de una denuncia de la oposición para que se los investigara, ya que desde su arribo a la Casa Rosada, la fortuna de los Kirchner aumentó un 527%. Cuando llegaron al poder en 2003, su patrimonio era cercano a los dos millones de pesos; en 2007, cuando Néstor le traspasó el mando presidencial al Cristina, ambos poseían $17.824.941; y al finalizar 2008, según consta en su polémica declaración jurada, el valor de sus bienes y depósitos estaba valuado en $46.036.711.

La decisión generó malestar por sus matices ya que no sólo se cuestiona el crecimiento exagerado en el patrimonio de la pareja política sino también la controvertida declaración jurada que brindaron tratando de justificar el incremento y la pericia que avalara la decisión del Juez realizada por un contador sumamente cuestionado.

Lamentablemente el problema no concluye allí, ya que existía la posibilidad -como en toda decisión judicial- de que fuera apelada por la fiscalía y revisada por el tribunal superior. Aquí es, quizá, donde la cuestión se tornó insoportablemente obscena ya que los representantes de los intereses sociales decidieron no apelar el sobreseimiento a pesar del contexto y las críticas a como se elaboró la decisión del Juez.

En un país donde la desocupación, el hambre, la inflación, la pérdida a diario de capacidad adquisitiva y los problemas cotidianos se expanden como las plegarias, el aumento de patrimonio de quienes nos gobiernan resulta morboso. Más aún si son ellos mismos quienes aburren con encendidos discursos ubicándose al lado de quienes padecen la miseria y las consecuencias de la corrupción política.

Pero en lo que queremos detenernos no es ya en la cuestión patrimonial y la falta de prudencia de sus titulares sino más bien en algo que desde hace tiempo se reclama. Nuestra división de poderes en el orden nacional y provincial sigue siendo una abstracción de cotillón olvidada.

Para que se entienda, normalmente cualquier mortal que obtenga un sobreseimiento ante una acusación fiscal se encuentra automáticamente con la apelación de quien acusa. Esto obedece a una idea errónea de que los fiscales deben siempre acusar y perseguir la condena. Así lo manifestó incluso el vice-presidente Cobos al referirse a esta cuestión y sostener que los fiscales deben siempre continuar con la causa. Entendemos que no es así pero la cuestión aquí no pasa ya por la falta de apelación de los fiscales como un deber ineludible. Ciertamente no están obligados a hacerlo y es sano que solamente apelen cuando lo consideren necesario.

La reforma constitucional de 1994 jerarquizó al Ministerio Público Fiscal en cuanto órgano independiente cuyas funciones son las de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Se encuentra encabezado por el procurador general de la Nación, y a partir de la sanción de la ley orgánica del Ministerio Público, de él depende la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El fiscal representa los intereses sociales y en una causa de enriquecimiento ilícito en contra de dos funcionarios poderosos e importantes del país, en un marco en el cual se ha cuestionado socialmente y de forma severa su patrimonio de jocosa justificación, la falta de apelación se presenta como una imagen burda de la triste opereta que montan los operadores judiciales cuando son adictos al poder de turno.

Si el Fiscal o Juez a cargo de una causa para no perder su cargo debe vender sus decisiones entonces no merece el puesto que ocupa. Mucho hacen políticos y funcionarios para que la gente tenga la íntima convicción de que la lucha contra la corrupción estatal no tiene manifestación objetiva en el Poder Judicial.

En resumidas cuentas, los fiscales no deben apelar siempre los sobreseimientos pero sin dudas que están obligados a representar fielmente los intereses que se les encomiendan, intereses que son ni más ni menos que los del pueblo.

En una sociedad donde los políticos no hacen más que cosechar descrédito y dinero mientras la gente se debate entre el hambre y el delito, es grave que los fiscales no actúen frente a un sobreseimiento dictado en medio de dudas y sombras.

Quien redactó el informe sobre el patrimonio es un profesional cuestionado desde hace tiempo por su desempeño y actualmente se encuentra seriamente comprometido. La misma Corte de la Nación salió a decir que el perito era una personaje nefasto.

Kirchner luego de brindar por la "justicia" sostuvo que practicamente los sometieron a vejámenes. Nuevamente, como siempre, hubiésemos preferido el silencio.

No pretendemos que los Kirchner sean condenados. Simplemente es fundamental que sean investigados. Una de las cuestiones que mayor violencia genera es la desigualdad. Cuando notamos que somos perseguidos y castigados sin lugar a reclamos por una multa de tránsito, mientras que los personajes más expuestos obtienen rápidos sobreseimientos sin ningún tipo de obstáculos ni enfrentamiento con quien lo investiga, entonces es evidente que nuestra república ni siquiera está en pañales.

La división de poderes, pilar fundamental de toda democracia, es constantemente avasallada y pisoteada sin ningún tipo de pudor por el político antojadizo de turno. Nos acercamos al bicentenario y aún no hemos logrado si quiera dar una imagen seria de esta división de poderes. No podemos pretender que la gente acate las leyes y crea en la justicia cuando quienes deben someterse voluntariamente y demostrar que en el país la ley se cumple, esquiven impunemente las normas y luego festejen cobardemente una victoria arrancada a fuerza de vergonzosos negociados.

Vida o muerte

2010-01-01T20:32:00.004-03:00

"Narcisismo, egoísmo, frialdad, eclecticismo, velocidad, irresponsabilidad creíble, superficilidad, individualismo: son valores que marcan una línea oscura para un futuro negro. Línea que hay que torcer con solidaridad, profundidad, alegría, ternura, belleza, azul, verde. Es por eso que componer música, escribir poemas o pintar cuadros del Río Dulce, son cosas de vida o muerte"

Rafael Touriño Cantos. Artista Plástico Santiagueño.

Alquimia comercial

2009-12-30T18:04:00.003-03:00

No existe actitud humana más lamentable y perversa que la utilización descarnada de otra persona seguida de un lacerante desprecio e indiferencia. A esto nos vemos sometidos día tras día quienes contratamos con grandes empresas que nos embellecen el futuro y anuncian la llegada del Mesías con la firma de ese contrato sospechoso con miles de pequeños conceptos que oprimen hasta extremos angustiosos, siempre dispuestos de tal forma que son indescifrables y no negociables para el usuario.

A esta altura no es una novedad que las grandes empresas que se alimentan del usuario desprevenido, necesitado o simplemente ingenuo elaboran estrategias monstruosas de captación donde el objetivo es atrapar clientes sin ningún tipo de miramientos. Deben generar ingresos como de lugar y es por ello que establecen, por ejemplo, jugosos premios al vendedor que más víctimas consiga en el mercado. Esta política de empresa es prueba irrebatible de sus grotescas prioridades, la venta del producto o servicio está por encima de la atención y el cuidado del cliente post venta.

Estas empresas disponen de ejércitos de amables vendedores que nos persiguen en la calle, visitan nuestras casas o trabajos y nos aturden telefónicamente con una suerte de alquimia comercial, haciendo pasar por valioso lo que no es más que porquería, y luego desaparecen como un enigma inquietante al instante de haber aceptado la oferta. A partir de entonces somos nosotros quienes deberemos perseguir y atormentar para ser escuchados. Los términos de esta relación de cacería comercial se invierten y somos eludidos con soberbio desinterés.
Estos monstruos del comercio subsisten gracias a personas como nosotros que confiamos en sus propuestas y luego sufrimos como una letanía la lenta y difícil peregrinación hacia la salida del esclavizante contrato firmado. No podemos olvidar que frente al usuario ingenuo existe gente también como nosotros, que sufren los mismos problemas cuando como usuarios contratan con empresas, pero cuando se trata de vender para su compañía se transforman en seres insensibles al desamparo y a la frustración ajena, aún a pesar de que ellos padezcan idénticas y enojosas situaciones al contratar en su carácter de ciudadanos comunes con otras empresas.

Es realmente cómico observar la mutación en el trato recibido. Automáticamente esa atención melindrosa se convierte en un desprecio evidente donde el cliente es molesto y la empresa tiene que soportar sus reclamos. Ya no importa la calidad de lo vendido ni el cumplimiento de lo prometido ni siquiera la satisfacción del crédulo contratante.

Lamentamos tanto que estas empresas olviden que sus ganancias se obtienen mediante argucias o burdas mentiras con perjuicio para un ciudadano común, como también que las caras visibles de estos entes abstractos de opresión olviden que cuando no actúan como vendedores son ciudadanos con tantos o más problemas y sufren las consecuencias de los fraudes en los que ellos colaboran voluntariamente de manera cotidiana.

Necesitamos el teléfono celular tanto como la luz, el agua, el gas, el combustible e internet y graciosamente ellos nos necesitan a nosotros mucho más. Ese es el fuerte de estas empresas ya que llegado el momento no tenemos más alternativa que contratar porque son servicios vitales. Pero no debemos olvidar que ellos nos necesitan entre sus clientes.

Somos libres, pero nuestra libertad se traduce en un papel que firmamos mediante viles manipulaciones donde las empresas estipulan nuestras futuras posibles inconductas pero soslayan sus constantes y groseras infracciones. Así nuestra libertad se materializa y se retiene con mil trabas legales.

El sistema lamentablemente funciona de este modo y es por ello que evidencia una de las falencias más notorias del liberalismo a ultranza en el ámbito comercial. Las empresas se aprovechan de los usuarios y demuestran poca preocupación por retener al cliente feliz en lugar de retenerlo mediante contratos maquiavélicos destinados a frustrar cualquier tipo de rescisión normal.

Se requiere mayor esfuerzo y mayor reclamo para frenar este mecanismo macabro dispuesto al solo fin de generar ganancias y esclavitud. Instamos a mayores reclamos ante la defensa de los usuarios, instamos a mayor conciencia por parte del consumidor y sobretodo a mayor honestidad por parte de las empresas y del vendedor que por una comisión engaña sin piedad para luego quitarse el overol y así olvidar el problema vendido que, por supuesto, pasó a ser ajeno.

Debemos reconocer que se ha avanzado bastante con leyes que protegen al consumidor y con entidades gubernamentales dispuestas a tal fin que intentan y logran en muchas oportunidades alcanzar un acuerdo entre el usuario débil y la empresa apática. Pero aún así todavía la modalidad de toma de rehenes con la que operan las compañías les permite obtener jugosos beneficios a costa del cliente que opera desde la necesidad y la buena fe.

El estado actualmente interviene pero debería hacerlo con mayor decisión porque es evidente que cuando observamos una batalla entre un gigante y un enano y no intervenimos, decididamente hemos tomado posición... a favor del gigante.

La inseguridad jurídica

2009-12-23T17:14:00.006-03:00

El nuevo jefe de la diplomacia norteamericana para América latina dijo la semana pasada al terminar su visita de presentación en Buenos Aires que existía inquietud entre los empresarios extranjeros por la falta de seguridad jurídica en nuestro país.

Por supuesto que desde el gobierno nacional reaccionaron como de costumbre con notable rapidez y evidente ligereza.

Ahora bien, tratar de definir el concepto de seguridad jurídica es una difícil tarea debido a su polisemia. Podríamos decir que mayormente se utiliza para referirse a la previsibilidad, a un conocimiento cierto y adecuado de las reglas de juego, su vigencia y aplicación, a la idea de que uno puede razonablemente esperar determinado comportamiento del otro. Pero básicamente la seguridad jurídica está relacionada con la vigencia del estado de derecho y se opone a la arbitrariedad estatal. Así, sólo puede existir seguridad jurídica cuando la división de poderes es firme e inquebrantable y cuando los actos de gobierno son públicos y permiten el sano cuestionamiento respecto a su razonabilidad.

Antes que preguntarnos si es que los empresarios extranjeros exageran o el gobierno reacciona con la arrogancia e imprudencia de quien se cree en posesión de la verdad, deberíamos entender que lo preocupante es la falta de señales de autocrítica desde el estado. No se aceptan críticas y se las rechaza con vehemencia. En definitiva se bastardea y anula la necesaria actitud de disentir.

Por supuesto que pensar en la seguridad jurídica nos lleva a transitar por los caminos de la anomia y recordar que nuestra sociedad se ha caracterizado históricamente por un marcado desapego de las normas tanto individual como colectivo. Es que existe un descrédito generalizado, producto de una sociedad desgarrada por los conflictos.

Verdaderamente no nos preocupa tanto descubrir si el empresariado miente o exagera, en realidad la anomia es una parte estructural de nuestra sociedad y la clase política debería encarar esta realidad desde la preocupación por generar contextos donde la norma se respete por adhesión y no por simple temor, pero en lugar de ello el gobierno nacional destina sus fuerzas a negar críticas y librar verdaderas batallas en contra de quienes levantan sus voces contra el sistema.

En este contexto es indudable que la inseguridad jurídica estructural no se ve aplacada con la indiferencia de quienes pueden tomar medidas activas para contrarrestar la imagen lamentable que brindamos como sociedad.

Ciertamente no son felices las respuestas apresuradas y descarnadas esgrimidas a modo de defensa por un gobierno que se pretende popular. Menos aún cuando hablamos de la seguridad jurídica en el país de los corralitos financieros, de la corte de justicia adicta de los 90, de las retenciones, de los golpes de estado, las candidaturas testimoniales, de los consejos de la magistratura manipulados, de la corrupción, de las privatizaciones y estatizaciones reiteradas, de los enriquecimientos fenomenales de los políticos, de la justicia selectiva, de los derechos sociales declamados pero jamás concretados, de la feroz lucha de facciones y de los dudosos números del INDEC.

Es que en este disparatado contexto hubiésemos preferido el silencio y la autocrítica, el primero por respeto y vergüenza y la segunda por la obligación de perseguir con tenacidad la superación. Pero como siempre, la primera reacción oficial fue la crítica descarnada, la evasión o el traslado de responsabilidades.

Ante la opinión ajena podemos ofuscarnos y atacar ingresando así en una mecánica maniquea donde el otro representa el mal y sus valoraciones no son más que intentos de dañar o también podemos asumir una postura más razonada y comprometida con nuestra misión y así pensar en el cambio como medio para avanzar.

Cada individuo puede actuar como mejor le plazca frente a las apreciaciones ajenas pero decididamente un gobierno no puede presentarse como la víctima de ataques imprudentes de distintos sectores sociales. Antes debería actuar a la altura de la elevada función que debe cumplir y así reflexionar sobre la necesidad de cambio con el convencimiento de que sólo desafiando a las instituciones y los conceptos dados es que puede producirse el progreso.

En nombre de la justicia

2009-12-16T18:07:00.009-03:00

Allá por el año 2000 Natalia Fraticelli fue encontrada muerta en la habitación de su casa ubicada en San Juan 340 de la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, donde vivía con su padre (el entonces juez Carlos Fraticelli), su madre y su hermano mayor.

La investigación apuntó directamente a los padres como autores del crimen y fueron condenados a cadena perpetua. La condena fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y luego por la Corte de Justicia de Santa Fé. Ambos pasaron más de seis años en prisión hasta que la Corte de Justicia de la Nación ordenó que se revisara la causa recién en el año 2006.

Así llegamos a la reciente sentencia que a nueve años del hecho resolvió absolver a los padres de la menor. Muchas cosas pasaron desde aquel fatídico día, seis años de prisión, una familia destrozada por un hecho lamentable y por el sistema penal; nueve años de proceso, el Juez perdió lógicamente su trabajo y la imagen de ambos fue torpemente mancillada por todos los sectores.

Sucede que los hechos delictivos generan gran revuelo en la sociedad. Aspiramos a sentirnos seguros, anhelamos esa seguridad tanto como la prosperidad pero el delito viene a decirnos que en realidad no estamos a salvo y esto produce un incómodo murmullo generalizado que los políticos no pueden soportar.

Desde luego que esa presión concluye con medidas urgentes de las agencias judiciales y policiales.

El estado debe encontrar rápidamente al culpable del crimen. Es que siempre necesitamos culpar a alguien, no soportamos la idea de que no exista un responsable frente a un delito.

Ferrajoli supo decir que asi como la historia de las penas es una historia de horrores, la historia de los juicios es una historia de errores; y es que no es necesario revolver demasiado el pasado para encontrar casos como el “Proceso Dreyfus”, llevado a cabo en París alrededor de 1894, un verdadero símbolo de la injusticia judicial generada por la histeria colectiva. Se estigmatizó de traidor a un inocente. El verdadero espía que filtraba información hacia la embajada alemana era el conde y comandante Esterhazy. Por unanimidad se declaró culpable a Dreyfus y se lo condenó a ser degradado públicamente, deportado y confinado de por vida en la Isla del Diablo. El público quería su linchamiento.

Dreyfus escribía: “Tengo el trato de la turba que merece el vil granuja al que represento. Mientras me toque representarlo, no puedo hacer otra cosa que aprobar la actitud de quienes me condenan”. Esta frase resume con apacible sencillez la gravedad de la situación. Por supuesto que Dreyfus fue declarado inocente al descubrirse la verdad luego de más de doce años.

Pero el problema no es tan solo que se exigen respuestas inmediatas sino que no se cuenta con los recursos necesarios para hacerlo.

Lamentablemente las investigaciones suelen aferrarse a la obtención de un sospechoso y a partir de allí se recogen pruebas que vinculen a ese sospechoso con el hecho. Así obtenemos una ecuación perfecta con un delito resuelto rápidamente, el delincuente apresado y la sociedad tranquila. Sin embargo, en medio de este remolino impetuoso de emociones y pretensiones se encuentra un ciudadano que pasa a ser víctima de la realización de la justicia humana.

La persona señalada como autora de un delito de repente se ve atrapada en una liturgia de lo irracional, frente a un sistema burocrático con innumerables ritualismos que lo abraza con fuerza y lo arrebata de la sociedad, de su familia y de sus amigos. Lo aprisiona y lo somete a un descenso continuo en un abismo absurdo donde no queda más remedio que mendigar justicia.

Podemos concebir la inevitable existencia del dolor causado injustificadamente por otro ser humano pero no podemos quedarnos inmóviles ante el dolor gratuito causado por el Estado de manera racional y metódica bajo el manto de la aparente justicia.

Resulta que el principio de inocencia que nos lleva a considerar inocentes a quienes no sean declarados culpables y a tratarlos como tal no es más que una infantil quimera. Lo saben mejor que nadie los sospechados por delitos que son señalados por la prensa, la gente y la justicia como delincuentes. Una vez que un ciudadano es considerado sospechoso de un delito inicia un lento tránsito por los senderos de la desesperación, la humillación y el olvido.

El problema explota ante la mirada imperturbable de la sociedad cuando se reconoce que un inocente fue condenado; debería preocuparnos la condena injusta y el trato degradante que recibió esa persona tanto como la inseguridad.

Es que tratamos a la gente que investigamos con evidente desprecio. La justicia humana está diseñada de tal manera que no sólo hace sufrir al criminal sino que también hace sufrir a los hombres para saber si son culpables o inocentes.

Vale recordar que los seis años que los Fraticelli estuvieron detenidos fueron exclusivamente de prisión preventiva ya que la sentencia nunca estuvo firme.

En nuestro sistema existe un verdadero divorcio entre la lógica y el uso de la prisión preventiva. Basta con que alguien nos crea culpables de un delito de cierta envergadura para que se nos prive de la libertad cautelarmente.

Seguramente no podremos erradicar las injusticias pero sin duda al detenernos sobre las lastimosas consecuencias que los prejuicios, las conjeturas estatales y las urgencias ciegas pueden ocasionar a un ciudadano inocente lograremos avanzar hacia una necesaria reducción de la irracionalidad del sistema. Es necesario estar dispuestos a cuestionar el poder y así asumir mayores riesgos a favor de la libertad.

Mario Juliano de visita por Catamarca

2009-12-05T14:04:00.003-03:00

Días pasados estuvo en Catamarca el gran amigo Mario Juliano. Tuve la oportunidad de tomar un cafecito con el y le hice una entrevista al mejor estilo Majul a pedido de un medio local.

Considerando lo interesante de la charla... No por las preguntas sino por la calidad del entrevistado, transcribo aqui lo que quedó del encuentro.

-Arrancamos con datos personales

Mi nombre es Mario Alberto Juliano, tengo 53 años, trabajo de juez en el Tribunal Oral de Juicios en la ciudad de Necochea, provincia de Bs. As. Estoy casado, tengo cinco hijos, y además de juez soy presidente de la asociación Pensamiento Penal que es una entidad sin fines de lucro que agrupa operadores del sistema penal de todo el país, desde fiscales, defensores, jueces, abogados litigantes, estudiantes, docentes y presos, de hecho el encargado de la sección carcelaria es un preso de Ushuaia.

-Cual es el motivo por el cual visita nuestra provincia?

Vengo invitado por el Inadi para brindar una charla, para conversar con los catamarqueños sobre la cuestión contravencional, sobre el código de faltas, sobre el fenómeno que el derecho contravencional representa en la República Argentina, que funciona básicamente como una poderosa herramienta de control social. Esto es lo que estamos procurando: hacer emerger a la superficie un fenómeno que normalmente es invisible a los ojos de la gente, pero que no obstante implica una fuerte herramienta de control social.

-Cual es la importancia de cuestionar y controlar adecuadamente a la justicia de faltas?

Lo que hay que tener en claro en este caso es que cuando hablamos de derecho contravencional hablamos de derecho penal, de baja intencionalidad aflictiva en general, pero derecho penal al fin. Y si el Derecho Contravencional es Derecho Penal, se entiende que debe estar revestido de las mismas garantías de las que debería estar revestido el derecho Penal. Esto porque se encuentran comprometidos los derechos de los ciudadanos, y el Estado tiene el deber y obligación de adoptar los recaudos necesarios para el correcto ejercicio del poder punitivo; creemos que los fines, por más legítimos que sean, no justifican la adopción de cualquier tipo de medidas.

Entonces esto es lo que venimos a postular, fundamentalmente en la provincia de Catamarca en donde, al igual que lamentablemente sucede en otras cinco provincias de la República Argentina, el poder ejecutivo, a través de la Agencia Policial tiene asumida la jurisdicción contravencional: el Juez de Faltas es el Jefe de Policia.

No hago un juicio de valoración peyorativo en si mismo a la policía, pero de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Catamarca, como también respecto de la CN Nacional, el poder ejecutivo tiene absolutamente vedado tener conocimiento en causas judiciales, y esto sucede actualmente en el fuero contravencional.

Entonces venimos a plantear la necesidad de que la cuestión contravencional sea judicializada, para que, reitero, como derecho penal de baja intensidad punitiva que es, pueda ser llevada adelante con todas las garantías que corresponde en un Estado de Derecho.

-Por que cree que es un tema que no ha sido debatido ampliamente?

Insisto, normalmente se ha considerado al Derecho Contravencional como un derecho de trocha angosta, para decirlo de alguna manera. Ni las Universidades, ni la Doctrina, se han ocupado mayormente de este derecho sancionatorio. Sin embargo los que si se dan cuenta de su trascendencia son los que lo sufren cotidianamente. Y quienes lo sufren, lamentablemente, son los sectores de la sociedad que tienen menos posibilidades de ser oídos y defenderse. Por esta razón es que es necesario colocar en la agenda pública la cuestión del derecho contravencional para que pueda ser realizado en un marco de garantías.

-Cree que el estado provincial no intento cambiar la situación por ignorancia por desidia o por conveniencia?

No conozco la realidad cotidiana de la provincia de Catamarca; sí la de Bs As, donde en estos días el gobernador de la provincia está usando, de un modo muy claro, el derecho contravencional como una herramienta predelictual ante la sociedad, para contener la inseguridad.

Creo que hay gobiernos que claramente lo estan utilizando como una herramienta política, de control social. No se si esta es la situación en Catamarca. Pero hay una mezcla de ciertos ingrediente, por un lado hay una desaprensión del poder político al derecho contravencional y por otro lado también hay una intención de la política de utilizarlo para contener a los indeseables, a los sectores que son molestos, a cierta parte de la sociedad.

-Actualmente se debate en la ciudad de Bs. As. la implementación de un nuevo código de faltas impulsado por el gobernador, que opinión tiene al respecto?

Hace días atrás la provincia de Bs. As., por boca de su gobernador, dijo que iba a darle a la policía las herramientas para ganar la calle. Desde la asociación que represento hemos denunciado que esto es un pacto político-policial por el cual efectivamente el gobierno bonaerense le libera las manos a la policía para que pueda actuar indiscriminadamente en la vía pública contra los sectores marginales y los sectores excluidos a cambio de obtener una pretendida seguridad a cualquier precio y a cualquier costo. Este proyecto, que introducía figuras que han sido extirpadas del orden jurídico argentino -como ser el merodeo que data de hace muchísimos años-, generó una rápida respuesta de parte de las asociaciones sociales bonaerenses entre las cuales está Pensamiento Penal. La reacción fue muy fuerte, motivando que el gobierno provincial tuviera que dar marcha atrás. El proyecto presentado a la Legislatura bonaerense ha sido mejorado. No obstante lo cual mantenemos que no respeta bajo ningún punto de vista los estándares aceptables. Han sido eliminadas las peores figuras que se pretendía introducir, pero de todos modos lejos de plantear una legislación adecuada para una sociedad democrática, se insiste en una legislación de neto corte represivo.

-Que opina respecto a la actual sensación de inseguridad que invade los medios.

El tema de la inseguridad es un tema que está muy fuertemente instalado en la opinión pública. Creo que los medios periodísticos en general encontraron un motivo muy fuerte, que cala muy hondo en la población, el cual si bien no cuestiono ni pongo en tela de juicio, considero es un gran negocio electoral. Hay motivos reales en algunos sectores de la población para sentirse inseguros, han sucedido hechos que son realmente muy graves. No creo que sean muy diferentes de los que han venido sucediendo históricamente pero hoy tienen una gran relevancia a través de los medios periodísticos. Lo realmente preocupante es ver que el gobierno en general, sobre todo el bonaerense -que es donde este tema tiene más auge-, no actúa en modo responsable. La tendencia es ir tras las consecuencias pero no se advierte que se procure remover las causas de fondo que están generando inseguridad, y que básicamente consiste en una de las principales causas de la notable exclusión que sufre gran parte de la sociedad. Esa exclusión tiene como consecuencia el no aceptar ningún tipo de reglas y vivir realmente al margen de la sociedad justamente porque son sectores que han sido expulsados de la sociedad.

Lo que hay que tratar de articular son políticas para convivir y que permitan incluir a todos.

-La inseguridad es un fenómeno útil para el gobierno?

Creo que es un tema que realmente hoy por hoy reditúa votos. Al estar tan instalado, aquellos gobernantes que se montan en la cresta de la ola, siguiendo esta corriente de mano dura, de incremento de las penas y recorte de garantías, están recibiendo el favor de la opinión pública, esto lo hemos visto en la provincia de bs as, concretamente en las últimas elecciones. Creo que el triunfo de De Narváez se ubica claramente en esta corriente de opiniones, lamentablemente. Pero creo que en algún momento los gobiernos tendrán que asumir la responsabilidad, que no se puede seguir incrementando la escalada de violencia, es necesario descomprimir la violencia, esto si no es un circulo vicioso de nunca acabar.

-Se encuentra en debate la baja de la imputabilidad de los menores, como una respuesta estatal a la escalada de violencia. Que opina sobre la misma?

Me opongo a la disminución de la edad de imputabilidad de los menores. Lamentablemente hay media sanción para disminuir dicha edad a los 14 años. Creo que esto lejos de traer soluciones va a profundizar el problema; no es una herramienta que pueda solucionar conflictos sociales. Quienes quieren utilizar el derecho penal para resolver estos conflictos están cometiendo un error profundo que va a traer graves consecuencias.

Respecto de los jóvenes y de acuerdo a lo que establece la Comisión de Derechos del Niño, el compromiso que tiene asumido internacionalmente la República Argentina, es dotarlo de los derechos que les faltan, de los que adolecen, para que en el futuro puedan ser ciudadanos realmente integrados a la comunidad que es lo que esta faltando en este momento. Creo que básicamente lo que debemos hacer en vez de aumentar el derecho penal es aumentar LOS DERECHOS, fundamentalmente los derechos económicos sociales y culturales, de los cuales somos acreedores todos los ciudadanos y fundamentalmente los más jóvenes.

-Recientemente en Catamarca se ha modificado el regimen de salidas laborales de los condenados, endureciendo el mismo como una respuesta a la inseguridad. Que opina al respecto?

Creo que la ventaja o diferencia que constituía la legislación catamarqueña con relación a la Ley de Ejecución Penal, la ley 24660, de la posibilidad de que al tercio del cumplimiento de la condena los condenados pudieran tener algún tipo de derechos era, o es, realmente una conquista en el marco de los derechos. Confío, y creo que los ciudadanos debemos confiar, en la prudencia de los jueces de que esto no implica que se administre en forma indiscriminada sino realmente en aquellos casos en que corresponda.

Yo particularmente conozco a uno de quienes hace pocos días a sido juez de ejecución en esta provincia, que es Luis Guillamondegui, quien merece la mayor de las garantías de ecuanimidad y prudencia para aplicar esto. Creo que en este aspecto ha habido una regresión de derechos. Cuando hablamos de regresión de derechos creo que debemos lamentarnos, no es algo para celebrar. Esto no quiere decir que en el marco de la administración de una justicia humana los jueces no puedan cometer errores; todos estamos sometidos a la posibilidad de cometer errores que debemos tratar sean lo menos posibles, pero esto no estamos ante justicia divina, hablamos de justicia administrada por hombres y mujeres de carne y hueso. De todos modos, creo que pensar que podemos contribuir a la seguridad mediante un recorte de derechos es realmente un error conceptual.

-Cuales son a su criterio las condiciones que debe reunir un juez para administrar de una manera adecuada el poder?

El juez penal básicamente tiene que reunir los requisitos de la CN: idoneidad moral y profesional, y desde luego, ser imparcial e independiente. Estos son los requisitos básicos y esenciales.

Hoy por hoy en el marco de un sistema acusatorio como el que tiene la Provincia de Catamarca los jueces deben preservar a toda costa su ajenidad con relación al conflicto, permanecer al margen e intervenir en la única ocasión en que son llamados, que es nada mas y nada menos que al dictar sentencia. En ese momento debe limitarse a determinar que esta probado y que no, independientemente de su opinión como ciudadano común. Creo que en este sentido, lamentablemente, el poder judicial, muy fuertemente influido por el ideal inquisitivo que aun perdura en nuestra cultura, ha tenido a través de muchos años una tendencia a colocarse por encima de los restantes mortales y creerse depositario divino de la justicia. Esto es realmente un ideal absolutamente equivocado y autoritario. Creo que el juez debe despojarse del ideal justiciero y limitarse a administrar justicia en el momento que legalmente corresponda, de modo imparcial y detenido.

Combatiendo la inseguridad

2009-12-01T16:19:00.011-03:00

En el post anterior hablamos de una modificación de las salidas transitorias decidida por Ejecutivo de Catamarca. No pretendemos cansar con reiteraciones innecesarias, pero esto es un planteo un poco más extenso al respecto... Nada más.
Recientemente el Gobierno de Catamarca anunció en conferencia de prensa que decidió endurecer el régimen de salidas laborales mediante un decreto firmado por el Gobernador.

La ley nacional nº 24.660 sobre ejecución de penas privativas de libertad establece que para que un condenado pueda acceder al régimen debe -entre otras cosas- contar con la mitad de la condena cumplida.

El decreto provincial reglamentario de esa ley había establecido allá por el año '97 que, teniendo en cuenta la realidad sociocultural de Catamarca, las salidas paulatinas como parte del proceso de reinserción social podrían permitirse con un tercio de la condena cumplida y ya no con la mitad como se exige a nivel nacional.

Ahora bien, a partir del nuevo decreto que comentamos, la reglamentación provincial se equiparó con la ley nº 24.660 y hoy en Catamarca un condenado debe esperar la mitad de su pena encerrado para recién poder -de reunir el resto de los requisitos- acceder a la semilibertad.

Es evidente que el Gobierno espera dar un mensaje a la sociedad: "luchamos contra la inseguridad". De hecho, así lo hizo al convocar una conferencia de prensa para comunicar con solemnidad la decisión.

La perspicacia con la que se ha elaborado una modificación tan banal al sistema es asombrosa. El Gobierno entiende que la mejor forma de que no delincan los condenados con salidas transitorias es que directamente no salgan a la calle. Así ha escogido como solución una forma de neutralización. Se neutraliza al indeseable, se lo aparta por más tiempo. Es sin duda la manera más sencilla de suspender el conflicto, y decimos suspender, no solucionar. El delito no se resuelve con mayor castigo o mayor extensión de sus consecuencias. Lamentamos sinceramente que lo único que se le ocurra al Gobierno sea retener por más tiempo a quienes purgan una pena privativa de libertad.

Es que existen innumerables mecanismos para conciliar la necesaria readaptación del condenado con la seguridad ciudadana y por supuesto que la postergación del contacto entre libres y presos no es más que una evidencia de la incapacidad para afrontar el problema. Sólo para demostrar la falta de imaginación de quienes deciden, podrían implementarse sistemas de control de empleadores, beneficios impositivos para quienes den trabajo a condenados con salidas transitorias, mayores cuidados respecto estos últimos y, por supuesto, un adecuado control respecto a las víctimas de delitos complejos para evitar contactos, la implementación de sistemas de monitoreo, la exigencia de reportarse cada determinado lapso de tiempo a un centro de control, la implementación de cauciones, mayor rigurosidad en los estudios psicológicos y psiquiátricos previos a la concesión de los permisos, y así podríamos ocupar varias páginas de este diario pero razones de decoro y la esperanza de dejar espacios que fomenten la creatividad oficial nos obligan a detener la enunciación.

El llamado teorema de Thomas viene a decir más o menos que no importa tanto lo que se haga sino cómo se lo comunica. Allí es donde nos asombra encontrarnos al Gobierno organizando una conferencia de prensa para anunciar sin ningún tipo de vergüenza que está tomando medidas para combatir la inseguridad. Hubiésemos preferido, sin dudarlo, el silencio.

Estamos seguros de que neutralizar ciudadanos indeseables no es generar seguridad en absoluto, sino más bien un grito desesperado que reconoce la incapacidad para enfrentar el problema.

La cárcel degrada y los condenados son un sector vulnerable de la sociedad, quizá el más bapuleado, hasta el extremo de que las medidas que los perjudican son presentadas por el Gobierno como un logro para aplaudir. Nos complace que el Gobierno se preocupe por la seguridad, nos aterroriza que los resultados sean estas medidas lamentables, carentes de cualquier viso de razonamiento y que reducen a una cuestión de cantidad y calidad de castigo la intrincada realidad del delito, sus causas y sus consecuencias. Es bochornoso. Deberían disculparse por la ineficacia del sistema, por su colapso ético y luego procurar mejorarlo. La hipocresía con la que han presentado la medida es una afrenta para quienes conocen la realidad de nuestras cárceles.

Es que no se tomó una medida que obligue a generar mayores controles y así permita un estudio caso por caso de cada preso, simplemente se extendieron los plazos para todos los condenados sin distinción. Los que están encerrados por abuso sexual, por robo, por estafa o lesiones, los que fueron condenados con justicia y los que no son más que la cicatriz de la herida que causa la imperfección de la justicia humana. Para aquellos que no son fáciles de reintegrar como para aquellos que se reintegraron no gracias al encierro y al confinamiento sino gracias a esas salidas transitorias que hoy el gobierno recortó para tranquilizar a una parte de la población.

Con tristeza observamos la falta de autocrítica oficial, se justifica la decisión debido a la inseguridad actual y a los cambios socioculturales de la última decada. Nunca analizaron que quizá, sólo quizá, si un preso sale y vuelve a delinquir es porque no se ha hecho un buen trabajo resocializador o porque la reinserción es dificultosa para alguien con el estigma de delincuente sobre su humanidad y requiere seguimiento y mayor ayuda.

Sucede que en realidad todo análisis que vaya más allá de una burda ecuación genera mayores complicaciones. Lo más sencillo es obviar responsabilidades y ahorrar ideas. Deben darle a la sociedad el mensaje de que "El Gobierno lucha contra la inseguridad". No importa como, ni quienes paguen las consecuencias de la inoperancia de los funcionarios que tomaron la decisión. Sólo hay que hacer algo y rápido.

Lamentablemente el gobierno ha puesto en evidencia que le preocupa el efecto del delito mas no sus consecuencias. La inseguridad no se combate anulando a quienes delinquen. El problema jamás se va a resolver con más castigo, es ya una verdad evidente que nadie aprende a vivir en sociedad estando encerrado.

El delito es sin duda un fenómeno preocupante y del cual no estamos exentos. Pero si quienes tienen poder de decisión realizan con tanta ligereza un análisis grotesco de la realidad y lo presentan públicamente con el orgullo gratuito de quien desconoce la triste insignificancia de su logro, entonces, sería conveniente que comencemos a adaptarnos a la inseguridad sin más esperanzas que las declamaciones estériles de nuestros gobernantes.

El matrimonio gay y la libertad individual

2009-11-18T11:46:00.015-03:00

Se encuentra abierto desde hace un tiempo el debate respecto al matrimonio de personas del mismo sexo. Dentro de este marco la semana pasada en Capital Federal una Jueza ante un amparo presentado por una pareja homosexual contra el Gobierno de la Ciudad, por haberle denegado la posibilidad de casarse ante el Registro Civil, declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil referidos al matrimonio y sus requisitos y en consecuencia ordenó al Registro que celebre la unión de la pareja.
...............

Ahora bien, podríamos estancarnos en la discusión y el análisis del matrimonio de personas de mismo sexo desde un enfoque netamente biológico y su adecuación o no a la naturaleza humana, o podríamos quizá referirnos a él desde una visión sociológica y así analizar los beneficios o desventajas para la familia como institución. También podríamos adentrarnos en cuestiones de corte netamente legal, como los tratados internacionales, la naturaleza jurídica del matrimonio, la existencia de la unión civil en algunas provincias y así un sinnúmero de apreciaciones que generan, en su totalidad, ríspidas discusiones entre partidarios de cada postura.

Sin duda que habrá personas que levantaran sus voces motivados por estereotipos sexuales, por cuestiones religiosas anexas a la idea de reproducción y del otro lado nos encontraremos con aquellos que festejen la medida por sus consecuencias prácticas, aquellos que sientan que la minoría a la que pertenecen ha sido beneficiada y finalmente entre tanto ruido algunos brindaran por un nuevo avance del individuo sobre la mayoría.

Estamos convencidos de que existe una idea que trasciende la sentencia, y es que cada párrafo transpira libertad. Nos encontramos ante una Jueza que decidió proteger la libertad individual frente a la omnipotente voluntad general. Aplaudimos decididamente y con entusiasmo el retroceso de la intromisión estatal en esferas donde solo el ciudadano debe decidir.

León Tolstoi decía que si en un lugar donde habitan cien personas, una impone su voluntad a las otras noventa y nueve, el sistema se denomina despotismo; si diez imponen su voluntad a noventa el sistema se denomina oligárquico; pero, paradójicamente, si cincuenta y una imponen su voluntad a cuarenta y nueve se dice que reina la total libertad bajo el manto de la democracia.

Podrá decírsenos que el Estado actualmente no prohibe la posibilidad de que dos personas de igual sexo convivan en pareja o incluso (en algunas legislaciones provinciales) celebren una unión civil, pero el problema no reside allí. Una persona que se aparta de la sexualidad socialmente aceptada es discriminada por el Estado desde el momento en que no se le otorga igual trato que a una persona que escoge el modelo social estipulado como válido. ¿De que sirve entonces que se respete la elección de un ciudadano si luego por ella se lo separa y diferencia legalmente?.

Un verdadero compromiso social con la libertad individual no sólo debe garantizar su reconocimiento sino también instrumentar los medios para que la misma pueda ser ejercida ampliamente. Lo contrario nos ubica ante meras declamaciones de profundo contenido que pretenden presentarnos como un conjunto social respetuoso de la diversidad y la persona humana pero cuyo contraste con la realidad pone en evidencia el indiferente desparpajo y la profunda hipocresía con la que enarbolamos las ideas libertarias e igualitarias.

No podemos hablar de igualdad ante la ley para todos los habitantes si sólo permitimos que accedan a los beneficios del matrimonio únicamente a aquellos que piensen o se comporten como una mayoría entiende adecuado. De ese modo, la minoría, sólo por serlo, no tiene ninguna alternativa más que conformarse con acatar lo que una mayoría que se declama respetuosa de la individualidad y defensora de la igualdad decide.

No podemos hablar de libertad individual en un Estado donde las personas son libres de elegir pero si eligen inadecuadamente no pueden acceder a lo que acceden aquellos que eligen conforme los estandards mayoritarios. De ninguna manera nos encontramos ante un Estado comprometido con la libertad si es que no respeta las singularidades e interviene cuando es necesario proteger o repeler cualquier intento de ataque contra esa individualidad.

Resulta muy fácil hablar de libertad y de igualdad cuando formamos parte de una mayoría que sólo se ve ensalzada por esas ideas ya que declama con circunspecto alarde "somos todos iguales y libres" mientras que regula la vida social con velada intolerancia. En definitiva sin ningún tipo de filtro, el mensaje que realmente transmitimos es que los seres humanos son todos iguales y libres en la medida en que sean como nosotros.

Es que cuando de bajar conceptos abstractos a la realidad se trata, la cosa se torna un poco más escabrosa. Ahí es cuando nos escandalizamos con la idea de que los homosexuales contraigan matrimonio, así como en su momento existió una férrea oposición a la posibilidad de que las mujeres voten o se diferenciaba claramente al hijo extramatrimonial.
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Cualquier decisión judicial que defienda al individuo por sobre la mayoría debe ser recibida con alegría. Seguramente surgirán opiniones encontradas y como todo cambio estructural será resistido, pero allí es donde debemos cuestionar nuestras propias certezas y no quedarnos cómodamente sentados sobre dogmas. Sólo así podremos continuar caminando hacia la libertad porque el liberalismo, como la verdad, es una búsqueda y no un hallazgo.

El castigo como solución

2009-11-11T13:05:00.008-03:00

Los delitos violentos se han mezclado con el paisaje cotidiano, las noticias nos presentan un espectáculo inquietante. De manera constante, reiterada y lamentablemente creciente nos cuentan como chicos que no superan la adolescencia se encargan de sesgar destinos y diezmar familias.

Mientras tanto surgen los lógicos reclamos por mayor seguridad. La gente alega estar cansada del delito cotidiano y de la inseguridad. Así, la abrumadora cantidad de menores delinquiendo nos ubica ante nuevos cuestionamientos respecto a la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y a la eficacia de las medidas propuestas para enfrentar y controlar el delito.

Lamentablemente el discurso oficial suele adherirse a la llamada “mano dura”. Es tan reiterativo y progresivo el pedido de mayor represión por parte de gobernados y gobernantes como pasmosamente poco eficaz su realización. Es que el problema no pasa ya por el delito como suceso sino por el delincuente como sujeto.

Se ha instalado la idea de que la solución para la creciente delincuencia juvenil es el castigo penal, la represión con mayor dureza y efectividad. Se asume así que la mejor o la única forma de evitar el delito es suprimir al delincuente.

Esta forma simplista de ver la realidad deforma notablemente la capacidad de pulir sus falencias y avanzar hacia una necesaria mejora.

Ahora bien, es el Estado el principal sospechoso por la brutalidad delictiva de los menores y tristemente esquiva la responsabilidad con un pase de facturas entre poderes. Pretender que el sistema penal solucione esta compleja realidad es tanto como sostener que el castigo es el camino adecuado para alcanzar una sociedad justa y sin desigualdades. Es que ni la imposición de penas ni la indiferencia son opciones. Una sociedad responsable y consecuente con sus principios constitutivos no puede de ninguna manera exigir castigo severo a sus integrantes cuando previamente no se les permitió elegir entre delinquir o vivir dignamente. No se puede anular a un ciudadano que no se quiso integrar.

El panorama es desolador, la sociedad segrega desde niños a los jóvenes delincuentes, les dificulta el desarrollo y les refriega en la cara con indiferente hipocresía la bandera de la libertad y la igualdad. Un chico con hambre, con frío, con impotencia, sin acceso a la educación o a la salud y sin futuro no tiene opciones. El delito supone siempre la capacidad de la persona para decidir libremente su acción. El chico de la calle no cuenta con esa libertad básica. Se ve compelido y arrastrado. Olvidado y esquivado por el sistema sólo llegar a ser tenido en cuenta cuando explota en su interior el delito. De repente el estado lo considera y lo incorpora pero no ya para ayudarlo y permitirle soñar sino más bien para calmar los ánimos de la opinión pública y así bajo el pretexto penal de la resociabilización el delincuente es “tratado”. Que maravillosa ironía, tratar de reinsertar en la sociedad a alguien que nunca estuvo dentro de ella porque esa misma sociedad jamás se preocupó por su ingreso inicial y no lo hace hasta tanto ese sujeto no se convierta en una indeseable molestia.

El menor se encuentra frente a un insoportable pudor estatal: mientras es víctima de la absoluta indiferencia social respecto a sus carencias, obtiene relevancia y un exagerado protagonismo a manos del sistema penal que lo absorbe sin piedad cuando delinque.

El delito y su actor principal no se resuelven con mayores castigos. Cuando comprendamos cabalmente que el delito es más que una ficción jurídica, que es un hecho llevado a cabo por una persona con una historia y un presente que lo condicionan irremediablemente, las posibilidades de superar el problema aumentaran considerablemente.

Se habla de castigar con más fuerza pero jamás se habla de integrar con mayor ímpetu y lo más sorprendente es que el beneplácito con el que se recibe el castigo y la vehemencia con la que se lo exige surgen del seno de una sociedad esencialmente poco apegada a las normas.

Mientras el estado siga preocupado por aumentar su capacidad represiva en lugar de preparar su estructura de forma que permita integrar a los niños de manera eficaz la virulencia de los delitos con que desayunamos no va a menguar. Sólo un estado activo y comprometido verdaderamente con la problemática social puede mantener la delincuencia a niveles adecuados. No se trata ya de asistencialismo generador de un servilismo inútil, no se trata de planes trabajar distribuidos de forma tal que exista un fuerte manejo político que alimenta el inagotable clientelismo. Se trata de un estado que genere de una vez por todas oportunidades, movilidad social, igualdad y libertad.
Los brotes de violencia tienen un trasfondo intenso y complejo pero no encuentran ningún tipo de vinculación con la cantidad y calidad de dolor que se cause al menor infractor. El castigo no puede jamás erigirse como ortopedia moral. Mientras el estado no asuma su rol y ocupe los espacios que le corresponde adecuadamente, la situación va a ser incontrolable.

Jueces y abuso de poder

2009-10-22T13:04:00.001-03:00

El reciente incidente de la Jueza Parrilli en Bs. As. despertó mi curiosidad respecto a como amalgamar cuestiones tan delicadas y antagónicas como la azarosa condición humana y el ejercicio del poder, más aún cuando su expresión es la supresión de la libertad de una persona.

Tenemos la obligación moral de cuestionar el ejercicio del poder. Sólo así podremos considerarnos ciudadanos libres de manera responsable. Es que el autoritarismo no se manifiesta únicamente con una grotesca dictadura militar. En democracia, y de manera corriente, nos vemos afectados por pequeñas arbitrariedades de quienes detentan el poder. Debemos resistir esos destellos de arbitrariedad.

Ahora bien, no puede desconocerse la tarea sumamente compleja y desgastante que recae en los magistrados, principalmente por las consecuencias de sus decisiones. Cuentan con el poder de sesgar la libertad de un ciudadano con una firma más allá de los filtros impuestos por leyes, revisiones y otras yerbas procesales, por lo que la posibilidad de un error involuntario tiene magnitudes inimaginables.

No pretendo postular soluciones porque lo estimo inadecuado y fuera de mi alcance. Sólo me limito a preguntar y, para eso, parto de un hecho ineludible: la naturaleza humana impredecible e imperfecta.

Michel Foucault supo decir que es decididamente indigno delinquir pero con certeza no es glorioso el acto de castigar. Ahora, ¿Que sucede cuando el castigo deja de ser visto como la respuesta social inevitable a un delito y pasa a ser una suerte de manifestación personal de poder que produce un placentero goce en quien da la orden? ¿Como convive un hombre con el ejercicio del poder? ¿Que hacer cuando la persona en la que el pueblo deposita tan intrincada tarea no se encuentra psíquicamente preparada para afrontar un rol de tintes supremos?

Volvamos a Parrilli. ¿Quien defiende al ciudadano de otro par que padeciendo raptos de histeria, neurosis, paranoias o cualquier otra dolencia de un catálogo típicamente freudiano asume el rol de juzgador de conductas ajenas? ¿Como controla la sociedad los exabruptos de arbitrariedad y que tan eficientes son esos controles?

Respecto a la falta de capacidad psíquica o equilibro emocional de un juez, tranquiliza la existencia del Consejo de la Magistratura y los adecuados filtros que debe superar un mortal para llegar a ocupar un cargo relevante en el poder judicial. Aunque debe reconocerse que el sistema de selección y control de los magistrados adolece de la preocupante posibilidad de que ciertas personas adictas al poder de turno manejen los hilos de su funcionamiento. Es decir que si bien el actual sistema de selección de jueces es una evolución positiva respecto al vetusto esquema previo, no debe ser una estación de llegada ya que sus notorias falencias y recientes llamados de atención al respecto requieren importantes y urgentes modificaciones estructurales.

Así, un juez designado bajo esta modalidad es una persona que (se supone) reúne conocimientos adecuados y la tan estimada estabilidad emocional. Pero ¿Que garantías tenemos respecto a los jueces designados con anterioridad a la implementación del Consejo de la Magistratura y, por otro lado, como se asegura el pueblo que luego de diez años de ejercicio de la función, un juez mantiene su equilibrio psíquico inicial?

No puede jamás la sociedad exigir jueces autómatas impolutos aplicando las leyes de manera ideal porque sería una infantil quimera, pero tampoco puede callar la arbitrariedad y el temor que genera ser juzgado por una persona que no cuenta con las condiciones de estabilidad emocional requeridas para tan elevada función.

¿Cómo controla el pueblo a sus magistrados? Me preocupa que Parrilli antes de ser tristemente célebre haya dictado condenas o absoluciones sin que nadie jamás notase sus desvaríos o impulsase un control sobre su idoneidad.

El problema es aún más grave cuando la inestabilidad del juzgador se traduce en una decisión que oculta bajo falsa erudición un autoritarismo inaceptable.